Más de 450 expedientes sobre libre postulación se tramitan a nivel nacional

El mecanismo para escoger a los candidatos de libre postulación y, sobre todo, a los candidatos presidenciales tiene que ser cambiado, ya que durante el proceso se dieron demasiadas irregularidades.

Incluso actualmente el fiscal electoral Eduardo Peñaloza informó que su despacho adelanta varias investigaciones y ha confeccionado más de 450 carpetillas relacionadas con denuncias por firmas de fallecidos, y en las próximas semanas espera que se realice la imputación de varios activistas.

Explicó que: "En estos momentos, la fiscalía lleva estas investigaciones porque los activistas fueron las personas que presentaron las listas y bajo la gravedad del juramento manifestaron que las firmas eran auténticas, claro que si hay algún instigador, si se comprueba que hay instigación, entonces hasta allá llegaremos".

Peñaloza está consciente de que estas investigaciones no afectan el proceso electoral actual, sin embargo, resaltó que "son procesos que vamos a llevar para que esto no vuelva a repetirse más, porque esto es grave en el sentido de que personas difuntas hayan supuestamente firmado estas listas, entonces sí hay que llegar al fondo y hay que buscar que sea una sanción ejemplar para estas personas, para que esto no vuelva a ocurrir, la sanción inicialmente serían multas; el artículo 464 habla que quienes alteren las inscripciones efectuadas en los libros de adherentes de los candidatos se exponen a entre 25 y 365 días multas".

Solo esta semana el partido en formación Unión Nacional Independiente presentó una denuncia por la supuesta existencia de más de 4 mil firmas de difuntos en los libros de candidatos presidenciales por libre postulación.

Ya en enero pasado se habían presentado denuncias ante el Tribunal Electoral de la inscripción de difuntos en los libros de precandidatos independientes.

En su momento, el Tribunal Electoral dio a conocer que la denuncia está relacionada con 252 casos de firmas de difuntos en apoyo a precandidatos por la libre postulación.

Según lo establece el artículo 471 del Código Electoral, la persona que falsifique o altere cédulas de identidad personal o suplanten, a las personas a quienes correspondan las cédulas, con el propósito de fraudes electorales, podría ser sancionada con pena de prisión de seis meses a tres años, además de la suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para ejercer funciones públicas.

Para poder hacer los cambios necesarios, una vez culminen las elecciones generales se deben presentar las propuestas de reformas sobre las candidaturas de libre postulación y las mismas logren el consenso de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y luego el voto favorable de la Asamblea Nacional.