Procurador de la Administración considera que es inconstitucional designación en la Autoridad del Canal

El reciente nombramiento del ministro de la Presidencia, Jorge González, como nuevo miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá ha quedado pendiendo de un hilo y con posibilidades de que se revoque y quede nulo.

Esto, tras el pronunciamiento por escrito del procurador de la administración, Rigoberto González, que ayer se hizo público, y en el que sustenta de manera amplia que es "inconstitucional" la ratificación hecha por la Asamblea Nacional (AN), que a su vez aprobó esta designación del presidente Juan Carlos Varela.

La vista fiscal del procurador de la administración contiene 30 páginas de argumentación legal.

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Pero, en términos generales, explica que "la designación [de Jorge González] objeto de la impugnación, se hace con relación a una persona del inmediato entorno de quien detenta el poder Ejecutivo [el presidente Varela]".

En relación con esto, el asesor legal del Estado recuerda que "de conformidad a la Carta Fundamental, se debe garantizar la autonomía de la Autoridad del Canal", algo que evidentemente no se cumple en la figura del actual ministro de la Presidencia, quien ha sido un cercano colaborador de Varela en este quinquenio, además de copartidario y amigo personal.

"Por tal motivo, estimamos que es inconstitucional la Resolución 27, de 4 de abril de 2019, emitida por la Asamblea Nacional, toda vez que la misma infringe el artículo 318 de la Constitución Política de la República de Panamá", concluye el procurador Rigoberto González.

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Su opinión jurídica la remitió el 2 de mayo de manera formal a la Corte Suprema de Justicia, luego de que el pasado 15 de abril la máxima corporación de justicia admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento del ministro, ordenando un trámite en el que Olmedo Arrocha actúa como magistrado ponente.

El propio abogado impugnante, Ernesto Cedeño, explicó el siguiente paso que continúa en este proceso, luego de que el procurador se pronunció.

"La CSJ tiene ahora dos opciones: Prohija la opinión del procurador o no. Pero es importante resaltar que se trata de un pronunciamiento muy completo, y me parece que tuvo sustento lo que planteó", destacó el jurista.

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Según Cedeño, se trata de un mensaje con "presión" para la Corte. "Porque ya no es solo el demandante que considera que esto es inconstitucional; también coincide ahora el asesor legal de las instituciones del Estado... esto es un mensaje contundente", dijo.

La decisión final de si se invalida o no el nombramiento de Jorge González es de la Corte Suprema, con voto de 9 magistrados y mayoría de 5, pero donde será importante la postura que asuma el magistrado ponente Olmedo Arrocha.