Política
El diputado Leandro Ávila dijo que el parlamento no se apurará en retirar el paquete reformista porque tienen otros temas que discutir.
La Asamblea Nacional de Diputados deberá instalarse el próximo 2 de enero cuando inicie la segunda legislatura del primer periodo parlamentario. Foto: Panamá América.
La solicitud que hizo el presidente de la República Laurentino Cortizo a la Asamblea Nacional, de retirar el paquete de reformas constitucionales, no será prioridad para los diputados una vez inicie la segunda legislatura del primer periodo parlamentario, aseveró el diputado oficialista Leandro Ávila.
El parlamentario del circuito 8-6 (San Miguelito) y presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, señaló que los diputados tienen que discutir otros temas a partir del 2 de enero, como la descentralización del Estado y la educación de los panameños.
"Nosotros tampoco vamos a una velocidad de que el 2 de enero o el 3 de enero tenemos que retirar un paquete que es del Gobierno Central, que es el padre de la criatura; mientras tanto, la Asamblea se tomará su tiempo porque esto lleva un proceso", expresó Ávila.
La fuente indicó que van a discutir el tema en la Comisión de Gobierno y que luego que hayan adoptado una postura, lo llevarán al Pleno "que es el soberano, el único que puede decidir si retira o no las reformas".
Aunque Ávila comentó que el nuevo proceso de consultas puede realizarse paralelo a lo que haga la Asamblea, hay quienes lo refutan.
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En este caso, la Asamblea debería abolir lo actuado en materia constitucional y el Ejecutivo no podría empezar la discusión y consultas de nuevas reformas, opinó Maribel Gordón, del desaparecido Frente Amplio por la Democracia (FAD).
"El Ejecutivo estaría pasando por encima del Legislativo porque primero la Asamblea tiene que rechazar el paquete anterior; ya existe legalmente un proceso que no ha sido cerrado", dijo.
Ahora bien, hay muchas dudas sobre qué es lo que se va a discutir en las mesas de diálogo a nivel nacional.
Al respecto, Jorge Almengor, viceministro de Finanzas, explicó que se tomará como base el documento que en principio redactó el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo y que puso en manos del Ejecutivo.
"Se está tomando como base el documento que entregó al Ejecutivo el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, aunque en las mesas de diálogo se van a recibir todo tipo de consideraciones", acotó Almengor.
Otro nuevo dato sobre el proceso de modificación a la carta magna panameña es que el dosier mencionado "se está traduciendo a los diferentes lenguajes originarios", según el viceministro Almengor.
También se añade a este debate el rol del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El organismo internacional recibió críticas, porque sectores de la sociedad temen sobre imposiciones en el nuevo documento de las reformas.
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Gabriel Boyke, Oficial Nacional del PNUD en Panamá, aclaró que el papel de esa entidad no es inmiscuirse en los asuntos constitucionales de los panameños, sino de ser moderadores para que haya más diálogo y debate.
"Nosotros no vamos a incluir documentos como PNUD; dentro del proceso, vamos a generar la plataforma metodológica para un diálogo transparente e inclusivo", declaró Boyke.
La idea del Ejecutivo es que a finales de 2021 se lleve la propuesta a plebiscito, cuando se celebre el bicentenario de la independencia de Panamá de España.
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