Acodeco detecta 498 abusos a jubilados

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco) ha encendido las alarmas tras revelar en uno de sus informes anual que se registraron 498 situaciones irregulares relacionadas con el incumplimiento de la Ley 6 de 1987, normativa que blinda los derechos y beneficios de los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá.

De acuerdo con las estadísticas del departamento de investigación de la entidad, el sector financiero y el gastronómico son los principales infractores. Se contabilizaron 138 casos de incumplimiento de la tasa de interés especial y 118 denuncias contra restaurantes que se negaron a aplicar el 25% de descuento establecido por ley.

El reporte detalla una preocupante falta de transparencia en los comercios locales. Un total de 93 establecimientos fueron señalados por la ausencia de letreros visibles que informen sobre los beneficios legales, una táctica que suele confundir a los beneficiarios al momento de pagar.

Asimismo, el sector bancario enfrenta cuestionamientos tras reportarse 59 casos donde no se aplicó el interés preferencial en préstamos, una de las mayores quejas de los usuarios que buscan alivio financiero en sus años de retiro.

Otras faltas detectadas fueron:

- Comidas rápidas: 23 casos por negar el 15% de descuento.

- Transporte aéreo: 11 irregularidades por no validar el 25% de rebaja en boletos.

- Negativa directa: 16 establecimientos se negaron rotundamente a aplicar los descuentos correspondientes sin justificación legal.

Por estas faltas, se impusieron 63 sanciones en primera instancia, acumulando un monto total de $27,460.00.

Acodeco aclaró que el proceso no termina en la queja ciudadana. Cada denuncia recibida genera un informe técnico que se remite de inmediato al departamento de verificación, el cual se encarga de ejecutar inspecciones sorpresa en los establecimientos señalados para confirmar las faltas y proceder con el castigo administrativo.

La entidad reiteró a la población la importancia de exigir sus derechos y reportar cualquier anomalía a través de sus canales oficiales para garantizar que la Ley 6 de 1987 se cumpla en todo el territorio nacional.