Aprueban proyecto de ley que regula prestaciones laborales en las empresas estatales
Se trata del proyecto de ley No. 23 que busca establecer los parámetros para determinar las prestaciones laborales de los servidores públicos.
El proyecto de ley había sido vetado parcialmente. Foto: Cortesía
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que regula las empresas estatales, para determinar las prestaciones laborales de los servidores públicos con ciertos cargos en estas empresas.
Se trata del proyecto de ley No. 23 que busca establecer los parámetros para determinar las prestaciones laborales de los servidores públicos que ocupen cargos de gerente general o director general, sub gerente general o sub director general y auditor interno al concluir el periodo de su designación o cuando sean reemplazados, con independencia de la causa de terminación de la relación laboral.
Según lo aprobado, el gerente general, sub gerente general y auditor interno, nombrados conforme a esta ley, con independencia de la causa de la terminación de la relación laboral, únicamente, tendrán derecho a las prestaciones laborales de vacaciones vencidas y proporcionales y al décimo tercer mes proporcional, conforme señalan las disposiciones legales.
De acuerdo con la diputada proponente, Ariana Coba, la norma jurídica permitirá que el Estado ahorre dinero a las arcas en el pago de liquidaciones exorbitantes y, además, se le hará justicia a los funcionarios que son destituidos sin derecho a nada.
Coba agregó que la iniciativa va dirigida a no repetir interpretaciones erróneas; por eso, con los cambios se da consistencia legal a la norma jurídica que regulan a empresas estatales con el propósito de fijar el tipo de prestaciones laborales que tendrán derecho las personas que ocupan determinados cargos, al tratarse en algunos casos de servidores de libre nombramiento y remoción.
Cabe mencionar que el Órgano Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto, debido a que las disposiciones planteadas en el proyecto aprobado por el pleno legislativo vulneran derechos fundamentales de los servidores públicos “por mantener incongruencias con otras leyes”.
El proyecto se originó luego de que, en junio de 2024, Carlos Mosquera, quien en ese momento ocupaba el cargo de gerente general de Etesa, firmó un mutuo acuerdo por 219 mil 196,56 dólares.
Además, otros cuatro ex directivos de Etesa se beneficiaron de este medida lo que elevó la cifra total cercana a un millón de dólares.