Solo en julio, más de 350 extranjeros fueron sancionados con expulsión o deportación de nuestro país, en medio de la propuesta de control migratorio, impulsada por Zulay Rodríguez.
Zulay Rodríguez: "No somos xenófobos, solo pedimos revisar y mejorar nuestros controles migratorios". Foto de archivo
En julio, a 357 extranjeros se les aplicó sanciones de expulsión o deportación de nuestro país, así como medidas de retorno voluntario, por no cumplir con los requisitos legales para permanecer en suelo panameño.
Estas cifras, que publica mensualmente el Servicio Nacional de Migración, se divulgan en instantes en que está vivo el debate, tras el anteproyecto presentado por la diputada Zulay Rodríguez, quien advierte que urge revisar y endurecer los controles migratorios.
Migración precisó que el total de los retornos voluntarios en el mes de julio fue de 285, mientras que la medida de deportación se le aplicó a 50 personas y la expulsión a otros 22 ciudadanos extranjeros.
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"En cualquiera de esos casos se confirma que es importante que los panameños llevemos a discusión la revisión de los controles de entrada y la fiscalización de la estadía de los extranjeros en nuestro país, sin que por esto se nos acuse de xenófobos", señaló el abogado Aldo Moreno, quien respalda el anteproyecto migratorio.
En las cifras del mes de julio, Migración también confirmó ayer que, en cuanto a deportación, en primer lugar se ubicaron los colombianos con un total de 18, seguido de 11 venezolanos y 7 nicaragüenses; mientras que las expulsiones se dieron a 10 colombianos, y en menor cuantía al resto de los foráneos.
De igual forma, el reporte oficial indica que la sanción más ejecutada durante el mes de julio fue el "retorno voluntario", tramitándose mayor cantidad a ciudadanos colombianos, con un total de 92; seguido de venezolanos (80), y 65 retornos para personas de Nicaragua.'
285
retornos voluntarios tramitó Migración el último mes.
50
deportaciones se dieron en el mes de julio.
22
ciudadanos extranjeros les fue aplicada la figura de "expulsión" de Panamá.
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Al respecto, Migración recordó que las infracciones administrativas migratorias son sancionadas con "amonestación, multas, devoluciones, cancelaciones, deportaciones o expulsiones", dependiendo de la gravedad, según lo normado en el Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008, sin perjuicio de las sanciones penales o civiles a que tenga lugar.
"Por supuesto que urge revisar nuestras normas vigentes en esta materia. Pero con igual urgencia vemos que se deben reforzar los controles de revisión y seguimiento al estatus legal de las personas que ingresan con un tipo de visa, y luego pasan a realizar actividades que no se ajustan al aval de su ingreso a Panamá", agregó Moreno.
Por su parte, la diputada Zulay Rodríguez ha señalado que algunos de los retornos voluntarios se dan después de periodos de tiempo, donde los visitantes extranjeros pudieron permanecer en el país realizando actividades en detrimento de la mano de obra local.
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"No somos xenófobos, solo pedimos controles, exigimos el derecho a decidir a quiénes recibimos, y a saber a qué vienen a nuestro país", indicó la diputada Rodríguez.
El pasado 30 de julio, la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó el anteproyecto de ley No.22 que presentó la diputada Zulay Rodríguez, que busca modificar el Decreto Ley 3 de 2018, de la migración en Panamá.
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