Conferencia Episcopal de Panamá pide consulta amplia sobre la minería

El nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, anunció que el tema minero será tratado durante su gestión para elevar el nivel de bienestar de la población.

"Es necesario dictar una política general que contemple la protección del ambiente y la salud de las personas y establecer un nuevo marco regulatorio, reformando el Código Minero", planteó en su primer discurso al frente del Legislativo, el pasado jueves, 1 de julio.

El tema vuelve a avivarse, luego que el Gobierno autorizara la concesión minera de más de 25 mil hectáreas en Donoso y La Pintada, que provocó protestas en contra de dicha decisión.

A la Asamblea llegaron dos propuestas sobre el asunto, una dirigida a prohibirla en forma total y otra que se inclina por una moratoria en la concesión de nuevos proyectos.

Ayer, los que se pronunciaron al respecto fueron los obispos congregados en la Conferencia Episcopal Panameña (CEP), en su informe al país, luego de celebrada su segunda asamblea ordinaria anual.

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Ellos son partidarios de que haya las consultas necesarias y la participación ciudadana que lleve a una reglamentación "que proteja los intereses de la nación".

Manuel Ochogavía Barahona, obispo de Colón y Guna Yala, y secretario general de la CEP, expresó que la consulta debe empezar por los afectados directamente, que son las comunidades donde se desarrollan los proyectos.'

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iniciativas ciudadanas han sido presentadas a la Asamblea para que se detenga la actividad minera en el país.

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millones 266 mil dólares se han exportado en mineral de cobre y sus concentrados este año.

"Hay una gran crisis ambiental, lo que nos lleva a todos a ser responsables, porque las decisiones que tomemos hoy afectarán a las futuras generaciones", dijo.

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Para Ochogavía, la minería es un asunto de interés prioritario para todo el país, por las repercusiones que eso puede llevar a toda la nación.

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"En un país tan pequeño como el nuestro, cualquiera cosa que se haga, afecta a toda la nación", dijo Ochogavía.

Los obispos mencionaron que para los recursos mineros, que por ley son propiedad del Estado, se debe contar con el consenso de todos los panameños con la finalidad de determinar cómo proceder a explotarlos.

Oportunidad

La diputada suplente Walkiria Chandler consideró como oportuno que las propuestas para reformar la minería hayan procedido de iniciativas ciudadanas.

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"No estamos de acuerdo que haya diputados que vayan a abrazar el tema de la minería de día, si por las noches son ellos los que están cuadrando con las mineras, porque les han financiado las campañas", manifestó.

Chandler, quien es abogada y activista ambiental, apoya que se dé la moratoria y no la prohibición de la actividad de una vez, porque no hay que afectar la seguridad jurídica en el país.

Sin embargo, para Chandler es una actividad que no es compatible con el desarrollo del país y tampoco es rentable, ya que solo queda un 2% de las ganancias.

"Se habla de una falsa empleomanía y de una minería sostenible, lo que no es verdad", mencionó la diputada, que contó que visitó recientemente una de las comunidades cercanas a un proyecto minero, donde se percató que ya está afectando sus cultivos.

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"Hace dos semanas fuimos al área y los campesinos nos comentaban que el plátano chino por fuera está verde, pero por dentro está negro. Ya están afectando los cultivos y son personas que viven de la tierra y eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Realmente nos es rentable?", cuestionó.

El abogado ambiental, Donaldo Sousa, quien presentó el proyecto para que la minería se prohíba en el país, precisó que en el documento piden que también se les dé un plazo a las empresas que actualmente desarrollan la actividad.

Según el abogado, son varios países como El Salvador, Canadá, la Comunidad Económica Europea, países africanos y otros, donde la minería no es aconsejable científicamente, los que han prohibido la actividad, por lo que es viable su propuesta.

Prohibición

El único territorio del país donde se prohíbe la explotación minera es la comarca Ngäbe Buglé.

La Ley 11 de 26 de marzo de 2012, que lo dispone, fue el resultado de una jornada de lucha del pueblo originario, que incluía también su oposición al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, el cual, a su consideración, pasaba por tierras conexas a la comarca.

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