Construcción: Cobros ilegales e inseguridad

A pesar de que el Gobierno Nacional insiste en plantear que la inseguridad no es un problema grave en Panamá, donde incluso el candidato oficialista asegura que somos un país tan seguro como Francia o Canadá, la realidad es otra.

Los niveles de inseguridad no solo se perciben en áreas rojas, sino que también en zonas consideradas como exclusivas.

Pero la inseguridad en Panamá es tal que en proyectos de construcción quienes toman muchas decisiones son delincuentes que presionan e intimidan tanto a los propios trabajadores, como a los encargados de las obras.

También se habla de cobros a algunos trabajadores por laborar en diversas obras de construcción.

Una fuente que pidió reserva de su identidad, manifestó que en algunos casos los cobros pueden oscilar entre 50 y 100 dólares quincenales, dependiendo de cargo que mantengan dentro del proyecto.

Agregó que, incluso en algunas ocasiones, son los delincuentes los que toman las decisiones sobre quienes despedir o contratar dentro de una obra.

Esta es una situación que, según la fuente, se da en proyectos de construcción en Panamá Oeste, Panamá, Colón e incluso en el interior del país.

Práctica que no es propiamente de Panamá, pues en diversos países de Centro y Sur América, se dan este tipo de amenazas en el sector de la construcción, así cómo en algunos comercios que tienen que pagar a los delincuentes para poder seguir operando.

Incluso, a mediados del año pasado, en la Línea 3 del Metro de Panamá, una de las obras más importantes del país, trabajadores dieron a conocer amenazas de grupos organizados.

Ahora, meses después, todo indica que lo ocurrido es una práctica sistemática a lo largo del país.

En su momento, la advertencia fue hecha por representantes de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), incluso se hizo una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público (MP).

Desde hace varios meses, el problema específico es que hay grupos que se autodenominan "pacificadores del barrio", los cuales son pandilleros que llegan a los proyectos de construcción a ofrecer supuesta seguridad, pero que en realidad lo que buscan es presionar a los ingenieros de las obras para que los contraten, por $900 mensuales, sin que eso implique ninguna responsabilidad dentro de la obra.

Situación que parece no ha podido ser controlada.

Para el abogado Isaac Brawerman, experto en temas de seguridad, esto es algo que todo el mundo sabe, pero nunca hay nadie procesado por este tema.

Añadió que la única manera de que accionen las autoridades, es cuando se dan algún tipo de balacera o riñas dentro de una determinada obra de construcción que hay en el país.

"Esto es lo que se habla de la infiltración del crimen organizado, las pandillas en las obras públicas, se da, pero nadie hace nada al respecto. Lo que sucede es que muchas veces los empresarios quedan en indefensión, es decir, a merced de las pandillas y sus líderes, que son los que amedrentan, extorsionan", dijo.

Explicó que muchos por temor prefieren someterse a esa amenaza en vez de interponer una denuncia, ya que les sale mejor económicamente ser extorsionado y acceder, que pagar abogados, ir al Ministerio Público, poner una querella y esperar el resultado de esos procesos penales.

"Lamentablemente, no hay acción contundente de las autoridades para restar esa infiltración de las pandillas en las obras públicas que se desarrollan en el país", argumento.

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