Diputado Camacho: El derecho a réplica debe cumplirse según la ley
El diputado expresó su preocupación por el 'libertinaje' que, a su juicio, predomina en redes sociales y en algunos medios de comunicación.
El derecho a réplica está claramente consagrado en la legislación panameña, subrayó Marcos Castillo, expresidente de CONAPE. Pixabay/Ilustrativa
A pesar de la existencia de la Ley 22 del 29 de junio de 2005, que regula el derecho a réplica en los medios de comunicación, persisten las quejas ciudadanas por la falta de acceso a una versión equitativa de los hechos.
Ante esta situación, el diputado y presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, subrayó la importancia de ejercer la libertad de expresión con responsabilidad.
El diputado Camacho enfatizó que el derecho a réplica debe cumplirse según lo establece la ley y criticó a algunos medios de comunicación por no otorgar el mismo nivel de visibilidad a las réplicas que a las informaciones originales, ya sea en portadas de periódicos o noticieros televisivos.
El parlamentario también expresó su preocupación por el "libertinaje" que, a su juicio, predomina en redes sociales y en algunos medios de comunicación, señalando la necesidad de una mayor responsabilidad en la gestión de la información.
Por otro lado, Marcos Castillo, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE), destacó que el derecho a réplica, conocido legalmente como "derecho a rectificación y respuesta", está claramente consagrado en la legislación panameña.
No obstante, aseguró que los medios de comunicación no lo han cumplido a cabalidad, y que en muchos casos las "aclaraciones" se limitan a ser vagas referencias que sirven más como justificaciones de los medios que como verdaderas rectificaciones para reparar la ofensa o agravio a las personas afectadas.
El expresidente del CONAPE añadió que esta práctica deficiente ha llevado a que algunas personas con recursos económicos recurran a los tribunales en busca de compensaciones monetarias, lo que a su vez impacta las finanzas de las empresas de medios.
En su opinión, estas compañías deberían reevaluar cómo gestionan las respuestas de rectificación, con el fin de satisfacer mejor a los afectados y minimizar el riesgo de demandas civiles.
"Hasta ahora, la arrogancia ha impedido que hagan lo correcto", concluyó.
La Ley 22 establece que cualquier persona afectada por informaciones inexactas o lesivas difundidas a través de medios de prensa tiene derecho a solicitar una réplica, rectificación o respuesta en las mismas condiciones en que fue emitida la noticia original.
El espacio otorgado para la réplica deberá ser el mismo que el de la noticia que originó el agravio o incluso mayor, dependiendo de las circunstancias especiales del caso y la disponibilidad del medio.
En 2022, la exdiputada Zulay Rodríguez presentó un proyecto de ley para modificar la Ley 22, argumentando que algunos medios de comunicación no conceden el derecho a réplica, afectando a miembros de gremios, asociaciones y sindicatos.
Rodríguez propuso sancionar con multas de entre $5,000 y $10,000 dólares a los medios que incumplan con la ley, basándose en la gravedad de la falta y la reincidencia.