Panamá
Directiva de la Senniaf adopta medidas para reforzar protección y atención a población vulnerable
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La Junta reiteró que todas las actuaciones deberán regirse por el marco legal vigente y por el principio del interés superior del menor.
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La Junta Directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) recomendó a esta entidad descentralizada un conjunto de medidas para reforzar la protección y la atención de niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, albergados en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, con base en los resultados de inspecciones realizadas en esas instalaciones.
Las decisiones fueron adoptadas durante una sesión extraordinaria celebrada este jueves 5 de marzo, encabezada por la ministra de Desarrollo Social y presidenta de la junta directiva de la Senniaf, Beatriz Carles de Arango.
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Durante la reunión se informó que las acciones dan continuidad a lo dispuesto en la Resolución No. 001-2026 del 9 de febrero de 2026, mediante la cual se ordenó iniciar un proceso administrativo para investigar hechos relacionados con el CAI de Tocumen y realizar inspecciones, tanto en ese centro como en otras dependencias de la institución.
Como resultado de la sesión, la Junta Directiva acordó recomendar a la Senniaf ejecutar las medidas derivadas de las conclusiones de los informes técnicos presentados, y ordenó a la institución rendir informes mensuales sobre los avances en la adopción de estas recomendaciones y presentar reportes sobre aquellos asuntos que requieran coordinación y articulación interinstitucional, así como los que que debe hacer conforme a lo establecido en el numeral 8 del artículo 20 de la Ley 14 de 2009, que crea la Senniaf.
La Junta reiteró, además, que todas las actuaciones deberán regirse por el marco legal vigente y por el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Las inspecciones realizadas documentaron hallazgos vinculados a condiciones de infraestructura y a la prestación de servicios de cuidado y atención integral para la población residente, lo que derivó en una serie de recomendaciones orientadas a reforzar los mecanismos de protección y mejorar la gestión institucional.
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