Panamá
Educación sigue navegando en aguas muy turbulentas
Varias escuelas en todo el país han sido escenario de protestas por educadores y padres de familia por diversos problemas que enfrentan sus hijos.
- Francisco Paz
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- - Actualizado: 16/5/2023 - 12:00 am
Los docentes no decretaron una huelga, pero se declararon en estado de alerta. Foto: Víctor Arosemena
El presente año lectivo ha marchado en medio de problemas de infraestructura, ausencia de educadores, administrativos y, ahora, amenaza de huelga por incumplimiento en el pago de derechos salariales pactados, los cuales han perjudicado a los estudiantes, con la pérdida de clases.
Y es que, luego de transitar un año irregular, como fue 2022, cuando los educadores lideraron las protestas a nivel nacional contra el alto costo de la vida, lo que provocó una paralización de clases por un mes, en 2023 los movimientos han sido espontáneos, desde los mismos centros educativos, por diversos factores.
En el primer trimestre que debe culminar el 2 de junio, más de 20 escuelas a nivel nacional han suspendido clases, por razones que van desde las condiciones físicas de los planteles, falta de personal docente y administrativo, así como de insumos y equipos didácticos, hasta por diferencias internas con educadores y asociaciones de padres de familia.
Y en el ocaso de esta primera etapa del calendario escolar, ahora sectores magisteriales emprenden nuevas medidas de presión, en esta ocasión dirigida a que el Ministerio de Educación les cancele vigencias expirada y otras prestaciones salariales pactadas en este y gobiernos anteriores.
Liderados por la Unión Nacional de Educadores (Unep) y la Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación (Unecep), varias organizaciones magisteriales realizaron asambleas generales ayer lunes para exigirle a las autoridades que cumplan con una serie de acuerdos pactados, dándole plazo hasta el 22 de mayo para que se ponga al día con los mismos.
Entre los acuerdos figura el pago de $626.40 que se les adeuda del último aumento otorgado en 2020; el pago de vigencias expiradas, que en algunos casos superan los 10 años; el cumplimiento de un programa de retiro voluntario para el cual se habían inscrito más de 900 educadores, y el pago a los docentes de reciente nombramiento.
Humberto Montero, vocero de los educadores, dijo que se declararon en estado de alerta y solicitaron que la reunión fijada para este viernes en Ciudad del Saber, se corra para el sábado 20 de mayo para no perjudicar a los estudiantes.
En tanto, Edy Pinto, dirigente de los educadores de San Miguelito, expresó que además de las reivindicaciones salariales, también están luchando por problemas de arrastre que enfrenta la educación.
"Estamos haciendo reclamaciones que son propias de los padres de familia, como es el caso de la entrega de libros y guías, aulas dignas, que se nombre personal docente y administrativo, que haga los depósitos del FECE", dijo Pinto.
Entre lo que se adeuda de lo que no se pagó del último aumento salarial y las vigencias expiradas, el saldo es cercano a los $50 millones.
"Nosotros no estamos mendingando nada. Ese dinero ya fue trabajado y sudado", declaró Montero.
La reunión del viernes fue acordada entre autoridades del Ministerio de Educación (Meduca) y las organizaciones que no apoyaron la protesta de este lunes, entre estas la Asociación de Profesores (Asoprof) y la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve).
Estos movimientos docentes en vez de convocar a asambleas generales, realizaron una manifestación el pasado viernes frente a la sede del Meduca, en Cárdenas, donde los dirigentes se reunieron con las autoridades y acordaron volver a sentarse el 19 de mayo.
A pesar de que estos dos frentes actúan en forma separada y manifiestan claras diferencias en sus actuaciones, persiguen objetivos comunes en materia reivindicativa, como lo expresó Luis Sánchez, de Aeve.
"Ya hay un compromiso con los educadores desde 2020 que (la ministra) tiene que asumir; aquí hay una deuda pendiente con los educadores", dijo Sánchez.
El dirigente de Aeve cree necesario erradicar el hecho de que todas las administraciones que han pasado por el Meduca le queden debiendo a los educadores por años, cuando ya han servido al país.
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