'Están muertos, pero duele': el clamor de los familiares con difuntos en cementerios del embalse

Con velas blancas y banderas de Panamá, los afectados por la construcción de un nuevo embalse para surtir tanto al Canal de Panamá como a la mitad de la población del país, rechazaron con una vigilia el traslado de ocho cementerios anunciado por las autoridades.

La reunión tuvo lugar la noche del jueves en el camposanto de la comunidad de El Limón, situada a unos 140 kilómetros de la capital panameña, una de las ocho que se ubican en la zona inundable del proyecto de Río Indio, como se conoce al nuevo embalse que se espera esté operativo para inicios del 2032.

"Yo tengo familiares también (enterrados) y no quisiera tampoco eso (que desaparezca el cementerio). Aunque están muertos, nos duele tanto", expresó a EFE Fabián Castillo, un campesino de la comunidad de Uracillo, cercana a El Limón, que rechaza el proyecto de infraestructura.

Un decreto ejecutivo, vigente desde el pasado 21 de julio, estableció que a partir de este 30 de julio no puede seguir usándose el cementerio de El Limón. Los nuevos entierros deberán hacerse en el cercano camposanto de Los Cedros, ubicado en la provincia caribeña de Colón.

También estableció que hasta el 15 de enero de 2027 podrán utilizarse los cementerios de Las Quebradas, Boca de Uracillo, Palma Real, Los Cajoncitos, San Cristóbal, Tres Hermanas y Los Uveros, todos ubicados dentro del área del proyecto del lago.

"Los nuevos sitios de inhumación que atenderán a estas comunidades serán informados oportunamente, una vez concluyan las coordinaciones con las comunidades y autoridades competentes, así como la habilitación de los cementerios, asegurando que cumplan con la normativa sanitaria y respondan a las necesidades, costumbres y vínculos comunitarios de las familias", dijo el Canal de Panamá.

Cualquier proceso posterior de exhumación y traslado de restos deberá ser coordinado con los familiares "con respeto a sus creencias religiosas, su arraigo cultural y sus vínculos afectivos", agregó.

Olegario Cedeño, un dirigente campesino que rechaza el proyecto de Río Indio, recordó en declaraciones a EFE que quienes están enterrados en los cementerios que desaparecerán son quienes fundaron las pequeñas comunidades rurales de la zona.

"El decreto donde nos prohíben enterrar nuestros muertos" lleva también "a sacar nuestras raíces que están aquí, que son nuestros ancestros (…) que han construido comunidad, que han levantado lo que hoy tenemos, que han trabajado nuestras tierras. Estas tierras son vida para nosotros", agregó.

Un proyecto que urge al Canal

El proyecto de Río Indio afecta a unas 500 familias que suman unas 2.000 personas dedicadas, en su mayoría, a la agricultura familiar y ganadería extensiva, y que habitan en 38 comunidades del área donde se ubicará el nuevo embalse.

"Hemos podido hablar con más del 70 % de familias que tienen que ser reasentadas, acordar con ellos un marco de compensación que fue trabajado en conjunto a través de más de 200 reuniones en nueve meses", declaró este mes la subadministradora de Canal de Panamá y administradora designada, Ilya Espino de Marotta, al tiempo que resaltó la "urgente" necesidad del proyecto ante la variabilidad climática.

La reubicación de las familias afectadas cuenta con un plan que incluye dotarles de vivienda, vías de comunicación y mantener sus fuentes de vida, además de un presupuesto de 500 millones de dólares, a lo que se suman los 1.000 millones de dólares que costará el embalse.

Río Indio será el tercer lago que alimente al Canal de Panamá, que une el Atlántico y el Pacífico y es el único de agua dulce en el mundo. Garantizará el abastecimiento por los próximos 50 años tanto al paso navegable como a más de la mitad de la población del país, incluida la capital, según la explicación oficial.