Facultad de Economía de la UP se pronuncia sobre la crisis social que vive el país

La coyuntura actual en Panamá, las reformas laborales, al sistema de pensiones y modificaciones en la recaudación tributaria son algunos detonantes del desbordamiento social, basadas en políticas neoliberales, indica un pronunciamiento de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá (UP).

Según este estamento universitario, a cargo del Decano, Rolando Gordon, la crisis es generada por descontento social, basados en antecedentes cuyo denominador común es deteriorar las condiciones de vida de la población y favorecer reducción de impuestos a las grandes empresas (nacionales y extranjeras) quienes reciben cada vez más exoneraciones fiscales.

Otro de los aspectos expuestos en el pronuciamiento  destaca que la Pandemia puso en evidencia, y produjo profunda complejidad ante demandas que preocupa a todos los actores sociales entre las más recientes alza incontrolable del precio del combustible, demandas de los trabajadores por mejores salarios, acceso digno a la canasta básica familiar.

El documento destaca como elementos detonantes, la falta de respuestas a las demandas sociales: entre otras, la privatización de los servicios públicos; desconocer control de precios, favoreciendo la especulación de los comerciantes; deterioro de la educación, principalmente de los colegios oficiales; falta de agua potable, y deficiencias en la recolección de los desechos sólidos; deterioro en la atención de salud, los altos precios de los medicamentos.

También apunta a una corrupción generalizada, producto de institucionalidad desgastada y desacreditada socialmente, por falta de transparencia e impunidad, vicios dantescos que alcanzan a todos los sectores y órganos del estado (judicial, ejecutivo legislativo, electoral y  Contraloría General de la República).

Por lo anterior, el pronunciamiento de la Facultad de Economía de la UP, señala que entre las políticas y acciones a corto plazo está implementar la Regulación Económica de Precios, una  obligante Planificación Económica y adoptarse una política de empleos y salarios para privilegiar el empleo permanente y bien remunerado.

Además incluye la modificación urgente la estructura tributaria, reformas profundas en materia institucional para fortalecer la democracia y estructurar una nueva estrategia para atender endeudamiento público.

Igualmente el pronunciamiento expresa que el Gobierno debe mostrar voluntad política real de atender las demandas sociales y rebajar el precio del combustible, controlar los precios de la canasta Básica, de los insumos agropecuarios.

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En ese sentido, se debe garantizar al productor un precio de compra de su producto y controlar los canales de distribución; así como el gasto público y del gasto privado en declaración de renta.

De igual forma, el pronunciamiento sugiere rebajar precios de los medicamentos y enfrentar el oligopolio impuesto a la Caja de Seguro Social, Ministerio de Salud y a los consumidores, amparadas en la importación oficial y por otros medios alternativos a más bajos bajo supervisión de la Dirección General de Ingresos (DGI) para establecer Metas de aumentos de los ingresos fiscales.

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