Gremios magisteriales están en alerta por acciones del Meduca

En la última huelga docente, protagonizada en 2016, los gremios magisteriales y el Gobierno llegaron al acuerdo que el 6% del Producto Interno Bruto sería destinado para inversión en la educación, pero según Diógenes Sánchez, esto no se está cumpliendo.

Sánchez, dirigente de la Asociación de Profesores (Asprof), denunció que se está dejando de lado el tema de la inversión y la educación pública panameña presentará uno de sus peores escenario para este 2018.

“Se ha aumentado levemente el presupuesto para gasto funcionamiento que es el pago de planillas, pero no hay inversión para construcción”, explicó Sánchez quien no ve luces en la solución de problemas básicos por parte del Ministerio de Educación (Meduca).

Para Sánchez, a pesar que el Gobierno habla de inversión de millones en educación, no dicen que son 3,289 escuelas en todo el país, “en donde la mayoría del país tienen más de 50 a 60 años de existencia”.

El representante magisterial también denunció que en el Meduca no hay una política de mantenimiento. “Acaban de nombrar un tercer viceministro de infraestructura y le aseguro que eso solo augura es pago para el viceministro, pero los problemas en los colegios van a seguir”, aportó.

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De igual forma señaló que una planificación alguna sobre cómo trabajarán aquellas escuelas que han sido demolidas o se encuentran en proceso de construcción.

Muestra de ello es que los estudiantes del Instituto Fermín Naudeau están dando clases en las antiguas instalaciones del Oxford frente a la iglesia Del Carmen; mientras que hay otros que han dado clases por módulos en centros comerciales.

El inicio de clases está programado para el 5 de marzo y a menos de un mes de que los maestros regresen a las aulas de clases se mantienen los problemas con los concursos por nombramientos tanto en áreas regulares como en puntos de difícil acceso.

Por ello, Humberto Montero sub secretario general de la Unidad Magisterial Libre, acudió a la pasada mesa bilateral realizada en la Defensoría del Pueblo en donde los 17 gremios magisteriales y la Ministra de Educación se dieron cita para velar por el cumplimiento del acuerdo sobre los maestros con 7 y 8 años trabajando en áreas de difícil acceso.