HRW denuncia que EE.UU. negó la posibilidad de asilo a los 299 migrantes expulsados a Panamá

La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este miércoles en un informe que Estados Unidos negó la posibilidad de solicitar asilo a los 299 migrantes extracontinentales expulsados el pasado febrero a Panamá, a pesar de que muchos de ellos advirtieron del peligro de regresar a sus países, y subrayó que la nación centroamericana tiene ahora la responsabilidad de protegerlos.

El informe de 44 páginas titulado “‘A nadie le importó, nadie nos escuchó’: Expulsión de ciudadanos de terceros países desde Estados Unidos a Panamá”, expone la vulneración de los derechos al debido proceso y a solicitar el asilo de los 299 migrantes expulsados, así como "las duras condiciones de detención y los malos tratos" que sufrieron en territorio estadounidense.

Según HRW, esas expulsiones colectivas "violaron el derecho internacional y deben ser reparadas. Para ello, se debe permitir el regreso a Estados Unidos de las personas expulsadas injustamente para que puedan solicitar y, si cumplen con los requisitos, obtener asilo".

También detalla "la detención en régimen de incomunicación en Panamá, donde las autoridades retuvieron sus teléfonos, bloquearon las visitas y los aislaron del mundo exterior", un grupo de migrantes además muy vulnerables al no tener vínculos idiomáticos o culturales con Latinoamérica, al proceder de países como Afganistán, Angola, Camerún, China, Eritrea, Etiopía, Irán, Nepal, Pakistán, Rusia, Somalia, Sri Lanka o Uzbekistán.

Human Rights Watch entrevistó a 48 de esos 299 nacionales de terceros países.

Entre ellos se encontraba Zain, un iraní de 33 años, que narró su expulsión de Estados Unidos: “Antes de tomar el vuelo, los agentes me esposaron y me pusieron cadenas en la cintura. Esto fue realmente doloroso porque mis hijos y mi mujer estaban allí”.

Otros explicaron a HRW que incluso aquellos que no tenían hijos se dieron cuenta de que ver a sus padres encadenados era una experiencia traumatizante para los menores.

“Estados Unidos envió a personas encadenadas a un país desconocido, sin darles ninguna oportunidad para solicitar asilo”, denunció en un comunicado el director de la División de Derechos de Refugiados y Migrantes de HRW, Bill Frelick, que subrayó que tanto EE.UU. como Panamá “tienen el deber de garantizar procesos de asilo justos".

El peregrinaje de este grupo de migrantes por Panamá comenzó a mediados de febrero, cuando llegaron en tres aviones en el marco de un acuerdo con Estados Unidos que convirtió a la nación centroamericana en país "puente" para su repatriación. Procedentes de naciones extracontinentales, 188 retornaron a sus países de manera "voluntaria", según la última información oficial disponible a la que tuvo acceso EFE, y 111 rechazaron hacerlo.

Al grupo entero lo alojaron primero en un céntrico hotel de la capital panameña, y a los que rechazaron ser repatriados a sus países los trasladaron a un albergue a más de 200 kilómetros, próximo a la selva del Darién, en la frontera con Colombia.

Después, tras la decisión el pasado marzo del Gobierno de Panamá de otorgarles un permiso temporal humanitario por 30 días, prorrogables hasta 90, para encontrar una salida a su situación, los llevaron de regreso a la capital, aunque ahora sin ningún tipo de respaldo logístico, por lo que agrupaciones católicas con el apoyo entre otros de HRW los alojaron primero en un hotel de la ciudad, para trasladarlos días después a uno de sus albergues.

"Rectificar el maltrato"

Según Frelick, "nadie debería ser devuelto por la fuerza a un lugar en el que correría peligro y sin realizar una evaluación completa y justa de su solicitud de refugio”, por lo que "la expulsión de estos solicitantes de asilo desde Estados Unidos fue injusta y se deben tomar medidas para rectificar el maltrato que sufrieron".

Así, ahora Panamá tiene "la responsabilidad de protegerlos”, dijo el activista, que subrayó que “esa protección comienza por garantizarles un proceso completo y justo de evaluación de sus solicitudes para obtener el estatus de refugiado”, con muchos de ellos temerosos de regresar a sus países debido a su origen étnico, religión, género, orientación sexual, vínculos familiares u opiniones políticas.

Un problema, de acuerdo con HRW, es que la legislación panameña no establece un plazo específico para responder a las solicitudes de refugio.

Para mayo de 2023, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) citado en el informe, las respuestas tomaban una media de 3,2 años desde el registro hasta la decisión de admisibilidad. Para junio de 2024, el 24 % de todos los casos de solicitud de asilo iniciados desde 2018 seguían abiertos y solo el 7 % había recibido una decisión.