El procurador de la Nación, Luis Gómez Rudy, reconoció que la posible acogida de Méndez en Venezuela podría dificultar su proceso de extradición.
Sin embargo, el líder sindical no dio a conocer su ubicación pese a que los medios panameños lo sitúan en Venezuela después de salir de Bolivia.
El mandatario afirmó que las acciones legales contra algunos dirigentes responden exclusivamente a decisiones del sistema judicial.
Con la publicación de esta notificación roja, los 196 países miembros de Interpol se encuentran autorizados a detener provisionalmente a Méndez.
Actualmente se desconoce el destino en el que se encuentra el dirigente sindical.
Se desconoce el destino del líder sindicalista.
El Gobierno solicitó la disolución del Suntracs.
Se espera que Méndez sea trasladado este sábado al aeropuerto Internacional de Tocumen.
Años más tarde se comprobó que Guizado no tuvo nada que ver con el magnicidio de Remón Cantera.
El pasado 22 de mayo de 2025, la Policía Nacional giró una orden de captura contra Cerrud.
El organismo explicó que la decisión se tomó por eventos recientes mundiales que profundamente han impactado los fondos.
El líder sindical continúa refugiado en la embajada de Bolivia.
El secretario general del Suntracs llegó a eso de las 2:30 de la madrugada, se saltó la cerca, tocó la puerta y con nota en mano solicitó el asilo.
El expresidente había estado asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá desde febrero de 2024.
Colombia es el tercer país que reconoce a Martinelli como "perseguido político" una situación que ha venido denunciando desde hace más de 1 año.
El expresidente Martinelli viajó el sábado a Colombia, tras más de un año de asilo en la embajada de Nicaragua.
El Gobierno colombiano confirmó que concedió asilo político al expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), quien viajó este sábado al país.
Para la directora encargada de Onpar, Tania Lam, esto forma parte de la modernización y la desburocratización de los procesos de la Onpar.
Martinelli denunció con anterioridad que tiene un informe de febrero de 2024 que, según él, detalla una operación para asaltar la embajada de Nicaragua.
Según HRW, esas expulsiones colectivas violaron el derecho internacional y deben ser reparadas. Para ello, se debe permitir su regreso a Estados Unidos.
