Ley de Transparencia no debe modificarse sin consultarse

La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) manifestó que quienes detentan el poder de forma pasajera ya deberían tener claro que el acceso a la información pública y la participación ciudadana en los asuntos del Estado no es un regalo que le hacen a la población.

Agrega el gremio que, por el contrario, es un derecho sólidamente defendido en las convenciones internacionales de las que el país es signatario.

Los comerciantes explican que la Ley de Transparencia es, sin exagerar, una de las normas más importantes con que cuentan los panameños.

Sus efectos y beneficios a través de los años son evidentes, no solo porque permitió a los ciudadanos la posibilidad de exigir cuentas en cuanto a los sagrados recursos del Estado, sino que también ejerció como elemento disuasor contra más abusos de los que ya hemos visto.

Por otro lado, afirman que atrae inversiones y generar un ambiente de negocios sano con el Estado, algo que solo ha sido posible entre otras cosas gracias a la Ley de Transparencia, que permitió tener claridad en cuanto a gastos de inversión y de funcionamiento, especialmente en temas de planillas; entre otros.

Explican que no deja de ser la presente una oportunidad para que los distintos candidatos presidenciales fijen posición y hablen al electorado con claridad sobre sus posibles acciones en un asunto tan crítico para el país.

“Revisar una ley y hacerle modificaciones no debería ser objeto de mayor controversia, por lo que, en principio, no nos oponemos a ello. Sin embargo, circunscribir una discusión de esta magnitud a unos pocos, obviando una amplia y extensa consulta ciudadana, con un apuro inexplicable y el hecho de que estamos en medio de un torneo electoral da pie para preocuparnos y rechazar cualquier intento de modificación sin antes agotar y acatar todas las consultas posibles”, señalan.

Añaden que, aunque reciben con alivio la decisión de la Asamblea Nacional de extender el periodo de consulta en un escenario que permite mayor participación y acceso a la discusión, creemos que la actual coyuntura político-electoral crea condiciones perjudiciales para modificar una ley de tanta importancia, por lo que solicitamos postergar el debate.

“En cualquier caso, nos mantendremos vigilantes si, por lo contrario, la intención final de reformarla es beneficiar el juega vivo, la politiquería y la opacidad; lo cual es totalmente contrario al espíritu con que se promovió esta innovadora ley hace ya más de 20 años”, comentaron los empresarios.

En 2021, se cuestionó que el actual Gobierno por al Gobierno de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo por emitir una resolución que restringe durante 10 años el acceso a las actas y constancias de discusiones en el Consejo de Gabinete o de ministros.

La Ley de Transparencia de 2002 fue una victoria de la sociedad panameña ante la urgente necesidad de que los recursos del Estado se manejaran lo más transparente posible.

La opacidad y nula rendición de cuentas y la imposibilidad de solicitar información sobre los dineros de todos era, previo a 2002, algo normal.

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