Ley de privacidad y protección de datos personales da valor competitivo al país

En menos de dos meses entra a regir la ley de privacidad y protección de datos personales en Panamá.

Nuestra información personal está siendo procesada para diferentes formas, tanto en el aspecto comercial (bancos, comercio electrónico), como en el oficial (Panamá Solidario, Vacunación).

Dentro de ese ámbito, prevalece el derecho de cada uno a que su información personal no sea compartida sin su consentimiento.

Sin embargo, el cibercrimen está a la orden del día y el país ha sido testigo de cómo bases de datos con información personal han tratado de ser o han sido vulneradas, como el ataque a servidores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en los que estaban los datos de personas beneficiadas por los programas sociales que atiende.

La Ley 81 de 26 de marzo de 2019, obliga a las personas que tengan acceso al tratamiento de datos personales a guardar confidencialidad cuando provengan de fuentes que no sean de dominio público.

"La legislación busca que todos entendamos que tenemos el derecho de recolectar la información, pero que debe ser tratada y conservada, respetando el derecho a la intimidad", expresó Marissa Lasso de la Vega Ferrari, jefa de Propiedad Intelectual de la firma de abogados Alfaro Ferrer & Ramírez.

La experta considera que contar con esta nueva norma será de provecho para el país. "Una correcta ejecución de la ley nos da un valor agregado, hacer transacciones en las que se reconozca que hay un país que respeta la privacidad de datos, que es un derecho humano", reconoció.

Actividades como el comercio en línea ganan más adeptos ante las restricciones de movilidad.

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En este sentido, Marissa Lasso recomienda que si se va a contratar en línea, se debe asegurar de invertir en ciberseguridad para que los datos no sean robados.

Desconocimiento

La entrada de una nueva regulación no es conocida y cuando se acerca su vigencia, genera temor por las consecuencias que pudiera traer su incumplimiento.

Sobre el particular, Antonio Ayala, vicepresidente ejecutivo de la empresa de seguridad de la información Riscco, informó que en un sondeo que realizaron, solo 19% de los comerciantes encuestados está preparado para cuando entre la ley en vigor, mientras que 48% tiene apoyo de su junta directiva para ajustarse a su cumplimiento y 32% le preocupa las sanciones.

Agregó que para que se tenga una idea de lo importante que es invertir en la seguridad, solo en 2019 la industria de la venta de datos en forma ilegal movió cerca de 156 billones de dólares, el doble del presupuesto de la unidad de inteligencia de los Estados Unidos.

"Las empresas por lo general ven el tema de privacidad cuando el dato está almacenado, lo que no es correcto, pues se tiene que ver el ciclo completo. Cada una de esas etapas tiene esquemas y protocolos de seguridad", aseguró.

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Las infracciones están establecidas en los artículos 39, 40 y 41 de la ley y serán sancionadas con multas o hasta la clausura de la base de datos y la inhabilitación de la actividad de almacenamiento de datos personales en forma temporal o permanente.

Ayala recomendó a los que manejan información, reducir la existencia de datos no estructurados.

"Tener en los computadores personales hojas de Excel con datos personales o en los computadores de las secretarias y asistentes, eleva la problemática para cumplir la protección de datos", dijo el especalista..

La misión de Antai

En conversatorio que organizó la Antai, la semana pasada, Joaquín Pérez Catalán, de la Agencia Española de Protección de Datos, recomendó a la entidad que una vez entre la ley en vigencia se tenga una labor proactiva y preventiva.

"Hay que hacer proselitismo de la normativa. La gente cada día va teniendo más conciencia sobre la protección de datos", destacó.

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La parte preventiva consiste en que se tenga el ímpetu de no poner sanciones, sino de ilustrar a las personas naturales y jurídicas para que conozcan los mecanismos de protección de datos y los protocolos de seguridad.

También es primordial que Antai tenga un departamento internacional, para compartir criterios con otras agencias del mundo sobre cómo enfrentar el secuestro de datos personales, delito que cada día evoluciona más.