Panamá
Según estos trabajadores, sería injusto todo el tiempo y recurso que tuvieron que invertir para poder que se aprobara el documento. Reaccionaron ante las razones por las que se solicita la objeción.
Se cuentan, hasta el momento, con 140 especies de peces marinos de importancia comercial en el país. Foto de archivo
Ante la posibilidad de que el proyecto de ley 131, que regula la pesca y acuicultura en Panamá, sea objetado por el Órgano Ejecutivo como solicitan organizaciones ambientalistas, el representante de los pescadores independientes del Mercado de Mariscos, Santiago Escartín, afirmó que se opondrán, ya que lo consideran injusto.
"Nosotros nos sentamos con la Asamblea, pagamos asesores, porque hay tecnicismos jurídicos que nosotros no manejamos", sostuvo el trabajador del mar.
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La oposición de las agrupaciones ambientalistas es que no fueron incluidas en la comisión de pesca responsable, tal como dispone la Ley 44, de 23 de noviembre de 2006.
Según Escartín, la decisión se asumió porque esta comisión no toma decisión, sino la junta directiva de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), en la que estas organizaciones participan.
"Las decisiones las toma la junta directiva, a la cual el ministerio de Ambiente pertenece, el Mida, Comercio e Industrias, algunas oenegés, que son los que determinan en realidad cuáles son las decisiones que se pueden tomar en este caso", expresó Escartín.
El dirigente explicó que la comisión de pesca responsable aglutina a trabajadores del mar, por lo que no tiene sentido que las organizaciones ambientalistas y científicas estén presentes.
"Va a estar agrupada en subsectores de pesca: trasmalleros, palangreros, de arrastre, los concheros que nunca han sido escuchados, la gente que pesca langosta, todos lo que son las agrupaciones que son los que la administración debe escuchar los problemas de cada uno", sostuvo.'
Antes de ser llevado a la Asamblea, el proyecto tuvo un proceso de consultas, en donde participaron más de 300 pescadores y acuicultores.
Se entregó a los líderes de las diferentes comunidades pesqueras y acuícolas, el borrador de documento para que lo discutieran con sus bases.
De igual forma, fueron consideradas en el proceso de consultas diferentes instituciones involucradas de manera directa con el sector, como ONG's y el sector académico y de investigación.
Se convertiría en la ley más reciente sobre la pesca en Latinoamérica, la que debe reglamentarse.
Un punto que podría ser modificado es que los botes artesanales descarguen en muelles, algo que el dirigente de los pescadores no considera viable.
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"A nivel nacional, no en todos los lugares hay muelle. Cómo tú le dices a los pescadores de Palo Seco, en Mariato, que se tienen que desplazar a Montijo, para que ellos puedan descargar o, por lo menos, la gente de las playas de San Carlos, que tendrían que ir a Vacamonte, Puerto Caimito o Coclé", aseveró.
Otra sugerencia gira en torno a aumentar las multas.
Al respecto, Escartín cuestiona si es justo que un panameño pague multas extraordinarias, cuando hay barcos internacionales que cometen infracciones y esas multas las bajaron.
"Son cosas que ellos están pidiendo de una manera muy dura. Te soy honesto que para un panameño eso es difícil, estás jugando con los 25 mil pescadores que hay a nivel nacional, porque no te enfoques solamente con la gente que trabaja con las industrias", razonó.
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El proyecto de ley fue presentado por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, el 2 de octubre de 2019, y fue aprobado en tercer debate, el 29 de octubre de 2020.
Espera la sanción o veto del presidente Laurentino Cortizo, cuya decisión se daría, a más tardar, en la segunda mitad del mes.
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