Planes de seguridad en Panamá han sido incoherentes

Ante los altos niveles de delincuencia que sacuden al país, el Consejo de Gabinete autorizó esta semana la presentación de un proyecto de ley que establece los lineamientos de la política criminológica de Panamá.

No obstante, en septiembre pasado fue presentado ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley sobre la materia, que ni siquiera pasó de la etapa preliminar.

El citado anteproyecto fue presentado por los diputados por libre postulación Gabriel Silva y Juan Diego Vásquez y la perredista, Zulay Rodríguez, pero no tuvo el apoyo de sus colegas de los diferentes partidos políticos.

Los proponentes indicaron que presentaron su iniciativa preocupados por el aumento sostenido de la violencia y la delincuencia en el país desde el año 2018.

Aseguraron que en Panamá ha sido una característica la falta de una verdadera política criminológica y de allí el aumento de la delincuencia.

"Como ejemplo de la falta de un plan organizado y con base a evidencia, podemos mencionar los siguientes tres casos que evidencian la improvisación, inestabilidad, incongruencia y falta de certeza jurídica de muchas de las políticas públicas implementadas", destacan.

Se refieren a las 33 modificaciones que ha sufrido el Código Penal en 13 años, es decir cuatro meses se hacen reformas.'

La política criminal debe entenderse como una sola política pública, la cual congrega las respuestas adoptadas por el Estado para lidiar con las conductas recriminables y así proteger los derechos fundamentales. Estas medidas pueden ser de diferente orden, como jurídicas, culturales, tecnológicas, educativas, entre otras, las cuales deben ser coherentes entre sí para evitar una desarticulación estructural del Estado.

Cuando se adopte una medida que influya en la política criminal de Panamá deben estudiarse las consecuencias que esta genera dentro y fuera del sistema de justicia. La política criminal debe excluir las manifestaciones de un derecho penal meramente simbólico.

Agregan que desde el año 2019, la Asamblea Nacional ha discutido 25 proyectos o anteproyectos de ley, o sea una cada tres semanas.

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Igualmente, llaman la atención en que el propio Órgano Ejecutivo no respeta las normas de seguridad que propone, lo que demuestra su carencia de una política criminológica.

Precisaron los proponentes que entre los años 2018 y 2019 el aumento de la delincuencia representó un 24%, entre lo que sobresalen los homicidios, con una tasa de 18.5 por cada 100 mil habitantes.

Y advirtieron que la situación de inseguridad se agudizó durante la pandemia.

No obstante, los proponentes advierten que solo en los distritos de Panamá y San Miguelito se registraron 44 homidicios por cada 100 mil habitantes antes de la pandemia, en 2019.

"Lo cual según el informe InSight Crime del 2019 (Centro de investigación sobre crimen organizado), Panamá sería la tercera ciudad con más homicidios en América Latina, únicamente por detrás de Caracas y San Juan", destaca el anteproyecto.

El anteproyecto busca "crear los lineamientos de la política criminal en Panamá, para que sea coherente, proporcional, racional, estable, respetuosa de los derechos humanos, basada en fundamentos empíricos y científicos".

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El Consejo de Gabinete y el Ministerio de Seguridad Pública no revelaron el contenido del proyecto de ley que será presentado a la Asamblea.

Sin embargo, la iniciativa de los diputados precisa que el país necesita coherencia en sus políticas de seguridad pública.