PPC acusa a Panamá de deteriorar confianza para la inversión extranjera

La empresa Panama Ports Company (PPC) denunció que la República de Panamá continúa deteriorando su confiabilidad como destino de inversión extranjera semanas después de la toma de las terminales en los puertos de Balboa y Cristóbal.

A través de un comunicado, la compañía indicó que Panamá no presentó su respuesta en el arbitraje internacional presentado por la empresa para el plazo original fijado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el viernes 13 de marzo de 2026.

Según la empresa, Panamá indicó que no estaba preparada ni en condiciones de responder a tiempo porque no había contratado abogados, no estaba familiarizada con la controversia y necesitaba tiempo para elaborar un plan, para obtener una extensión parcial.

No obstante, PPC sostuvo que Panamá recientemente anunció que había pasado el último año desarrollando un plan para los puertos y que PPC había notificado al Estado una disputa hace casi un año debido a la campaña abusiva del Estado en su contra. 

El comunicado también detalla que Panamá falló en dar seguimiento a lo largo del tiempo a los esfuerzos de PPC y de sus inversionistas para encontrar soluciones, lo que sugiere que Panamá podría eventualmente simplemente inventar y anunciar nuevos ataques infundados en el arbitraje.

“Un Estado que respeta a los inversionistas extranjeros no desatiende consultas y procedimientos internacionales de solución de controversias”, subraya la empresa.

De acuerdo con PPC, Panamá ha continuado desestimando el estado de derecho, durante y después de su radical ocupación, allanamiento y confiscación de las instalaciones y propiedad de PPC, quien es un inversionista extranjero establecido que contaba con un historial de cooperación con Panamá en cuestiones de concesiones, infraestructura y seguridad. 

Además, PPC acusa a Panamá de continuar reteniendo documentos del inversionista que fueron indebidamente confiscados, negando a la empresa el acceso a sus propios archivos, computadoras y documentos propietarios y legalmente protegidos. 

“El Estado confiscó estos materiales en los puertos y en un depósito privado de documentos, donde el Estado se presentó sin aviso y con fuerzas de seguridad armadas, llevándose archivos corporativos bajo la supuesta base de ‘operaciones portuarias’”, asegura PPC.

 La compañía añadió que el Estado fue tan lejos que indicó a PPC que solicite la devolución de sus propios documentos en el arbitraje internacional que ahora está pendiente, mientras también intenta ralentizar el arbitraje.

 “Un Estado que respeta a los inversionistas extranjeros no confisca indebidamente sus documentos ni vulnera el debido proceso”, concluyó la empresa.