Procuraduría responde sin nombrarlo a críticas del contralor por caso Panama Ports

La Procuraduría General de la Nación aclaró el estatus de la investigación penal que adelanta sobre la concesión otorgada a la empresa Panama Ports Company (PPC) y precisó los límites de sus competencias constitucionales dentro del sistema de justicia.

Aunque la nota no cita explícitamente al contralor general de la República, Anel Flores, el pronunciamiento responde a sus recientes declaraciones sobre la supuesta inacción del Ministerio Público en el expediente de la concesionaria portuaria, cuya auditoría original fue remitida a la fiscalía hace un año.

El Ministerio Público detalló las actuaciones procesales desarrolladas por la Fiscalía Superior de Causas de Alta Complejidad, subrayando que el expediente se encuentra activo y con un volumen considerable (360 tomos).

Añadió que se han realizado diversos actos de investigación que incluyen análisis técnicos y periciales, así como asistencias internacionales y la solicitud de ampliación de auditoría, la cual se encuentra aún pendiente de recibir y es considerada un insumo indispensable para fundamentar el caso.

Separación de poderes y rigor procesal

La institución hizo un llamado a respetar el principio de separación de funciones y las etapas normadas por el Código Procesal Penal, enfatizando que las medidas cautelares o sentencias son competencia exclusiva del Órgano Judicial.

“La estructura institucional panameña se fundamenta en el principio de separación de funciones; la rapidez no puede sustituir el rigor, la objetividad, la transparencia y el cumplimiento de las reglas y etapas procesales del sistema penal”, señaló la Procuraduría.

La Procuraduría reiteró que su labor técnica continuará enfocada en recopilar elementos de convicción sólidos que sustenten de manera objetiva las solicitudes de la fiscalía ante los tribunales de justicia.