Proponen reformas para que personas con terrenos se beneficien de 120 a los 65

Un anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional, busca que aquellos adultos mayores que tengan título de propiedad se les realice una evaluación socioeconómica para determinar si pueden ser beneficiados con el programa 120 a los 65.

La iniciativa fue presentada por el diputado Julio De La Guardia Arrocha, de Cambio Democrático (CD), y surge ante el hecho de que en la actualidad se excluye del programa de asistencia económica a ciudadanos que posean un bien inmueble o terreno.

El diputado de Penonomé advirtió que a estas personas no se les realiza un estudio socioeconómico, porque podrán poseer un terreno pero esto no significa que no sean pobres o necesiten de la ayuda social del Estado.

"En la mayoría de los casos son viviendas obtenidas con años de arduo esfuerzo y trabajo en el campo, o terrenos que han sido heredados por generaciones, pero que son inservibles para la agricultura y no aportan a su economía", señala el diputado de CD en la exposición de motivos.

Otra exclusión que es evaluada en esta propuesta legislativa es la referente a adultos mayores que tengan cuentas bancarias.

De acuerdo con De La Guardia, estas cuentas pudieron ser abiertas por necesidad de requerimientos del pasado y hay montos que ni siquiera superan los mil dólares y aún así no pueden formar parte de 120 a los 65.

Al respecto, en el anteproyecto se plantea fijar parámetros para que el adulto mayor no sea excluido del programa.

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programas de transferencias monetarias condicionadas maneja el Ministerio de Desarrollo Social.

 

191,412

personas beneficiadas con 120 a los 65, Bono Nutricional, Red de Oportunidades y Ángel Guardián.

 

En la Ley 15 de 2014, que reformó 120 a los 65, no se especifica el monto de la cuenta bancaria, sin embargo, con este anteproyecto se consideran aquellas con depósitos superiores a 250 dólares.

"Buscamos que la ley alcance esa finalidad de justicia social para los adultos mayores, que aún teniendo una titulación de un terreno se les pueda realizar una evaluación socioeconómica y de salud por los entes encargados para definir si se encuentran o no en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o pobreza", sostiene el diputado.

Esto incluye a aquellos adultos mayores que no presenten discapacidad, condición que si contempla la actual legislación.

El anteproyecto fue presentado el pasado 24 de septiembre y está pendiente de ser considerado por la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social.

A inicios del pasado mes de septiembre, del Ministerio de Desarrollo Social se informó que se ejecuta una auditoría a los programas de transferencia monetarias condicionadas y, en su fase inicial, se están revisando 21,418 expedientes.

Dependiendo de lo que se halle se procederá a gestionar la permanencia o exclusión de las personas.