¿Qué consecuencias tendría la derogación de la ley No. 462?
Si se elimina esta normativa, Panamá deberá crear una nueva o volver a la anterior.
Mesa de trabajo instalada en la Presidencia para estructurar el documento. Foto: Cortesía
Aunque la derogación de la ley de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) no parece ser una opción para el Ejecutivo, según el doctor Carlos Abadía, no solo pondría en riesgo la estabilidad del sistema de pensiones, sino que desconocería las decisiones del Órgano sobre el cual se sostiene la democracia en un Estado de derecho.
“Si se comete esta aberración, estaríamos invalidando a la Asamblea Nacional y abriendo la puerta al caos”, afirmó.
El galeno detalló que si el país llega a acceder a las peticiones de los manifestantes, tendría que articular una nueva normativa o retornar a la Ley No. 51, lo que supondría la suspensión del aporte del 3 % de la cuota obrero-patronal.
Además, se eliminarían las herramientas que permiten mayores rendimientos de los fondos de la CSS y los avances destinados a que la junta directiva funcione de manera eficiente trayendo consigo varias consecuencias, entre ellas, atrasos en los procesos de compra de medicamentos, como fue advertido por las federaciones de pacientes en la mesa de salud.
Otras de las implicaciones de esta decisión sería detener las mejoras en las pensiones del sistema mixto y el no retorno al “sistema solidario”, ya que, precisamente, dejó de existir a partir de dicha ley en 2005.
“Si se comete esta aberración, estaríamos permitiendo que grupos no demócratas sean quienes dicten las leyes y normas del país. Sería el fin del Estado de derecho y sufriríamos las consecuencias”, aseveró Abadía.
El presidente José Raúl Mulino volvió a reiterar durante su conversatorio semanal que la ley No. 462 se mantendrá vigente, es decir, no será derogada pese al rechazo de algunos sectores de la sociedad.
Mulino desmintió que se aumente la edad de jubilación, como afirman los manifestantes, pues el documento aprobado por la Asamblea Nacional establece la creación de una comisión técnica encargada de evaluar esta medida paramétrica dentro de 6 años.
El Ejecutivo mencionó que el proyecto fue altamente consultado con representantes de toda la sociedad civil, quienes también expusieron sus opiniones ante el Órgano Legislativo para que fueran tomadas en cuenta en la redacción del documento consensuado por los diputados.
“Es imposible pensar que 48 diputados electos democráticamente hayan votado a favor de una ley para hacerle daño al país o a los asegurados”, dijo Mulino.
Los protestantes, según el presidente, están exigiendo en las calles, lo mismo que solicitaban durante la discusión del proyecto: la no privatización de la CSS, aumento de la cuota obrero - patronal, incremento del aporte estatal, mantener la edad de jubilación y regresar al sistema solidario, demandas que fueron atendidas, por lo tanto, sus manifestaciones se basan en “falsedades”.