Solo dos de cada 10 pérdidas por desastres naturales están aseguradas
En 2024, las pérdidas económicas ocasionadas por desastres naturales superaron los 300 millones de dólares.
En Panamá, durante la estación seca, el principal desastre son los incendios forestales. Foto ilustrativa
En América Latina solo 19% de las pérdidas económicas por desastres naturales están aseguradas, una brecha que refleja la limitada cultura de protección financiera frente a eventos como inundaciones, olas de calor y tormentas intensas.
Esta situación deja a millones de personas y empresas expuestas ante el aumento de fenómenos climáticos extremos, según el informe “Cambio Climático, Riesgos Extraordinarios y Políticas Públicas” presentado por Mapfre Economics en el marco de la COP30.
Las elevadas brechas de aseguramiento por catástrofes naturales en muchas regiones se deben principalmente a una baja penetración de los seguros en muchas economías emergentes
También, a una mayor concentración de la población en ciudades y áreas de alto riesgo, y a una mayor frecuencia y severidad de eventos extremos por efecto del cambio climático.
Mónica Zuleta, directora corporativa de Sostenibilidad de Mapfre, informó que las pérdidas aseguradas derivadas de fenómenos catastróficos han mostrado una tendencia ascendente sostenida a largo plazo, situándose, según el Swiss RE Institute, en un rango de crecimiento anual de 5% al 7% desde 1992.
Según apunta la investigación de Mapfree, en 2024, este tipo de catástrofes provocaron pérdidas económicas que superaros los 300 millardos de dólares por novena vez consecutiva, 14% más, de los cuales cerca de 145 millardos de dólares estaban asegurados.
Cerrar la brecha de protección aseguradora para los riesgos catastróficos es un reto que requiere la acción coordinada de las entidades aseguradoras con todos los niveles de gobierno.
Sin las medidas y mecanismos de protección y compensación necesarios, los riesgos climáticos se convierten en no asegurables o inasequibles.
El informe destaca la importancia del desarrollo de marcos de colaboración entre las administraciones públicas y el sector asegurador para gestionar y compartir riesgos de desastres, como por ejemplo a través de entidades que existen en países como España.