Gobierno buscar callar críticas por Odebrecht

Como una manera de desviar la atención por las críticas surgidas en el país por el poco avance de las investigaciones en el caso Odebrecht y el no querer revelar nombres de allegados al Gobierno que estuvieran vinculados, el Ministerio Público (MP) ha dirigido una serie de diligencias judiciales en las últimas horas.

Estas van dirigidas, primero, contra dos exministros de Obras Públicas por una investigación relacionada con la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera.

Por otro lado, se han formulado cargos a tres empresarios relacionados, supuestamente, con la compra del Grupo Editorial Panamá América (Epasa), que también es investigada.

La ofensiva judicial ha sido duramente criticada por políticos y miembros de la sociedad civil, quienes rechazan de forma enérgica la campaña de intimidación hacia los medios críticos de Varela.

Luis Eduardo Camacho, dirigente de Cambio Democrático, señaló que las investigaciones del MP en contra de Epasa son una estrategia que busca profundizar las acciones del presidente Varela por controlar la libertad de expresión.

"Ya vemos como el presidente Varela ha restringido el derecho a la información en materia electoral, vemos como manipula el Órgano Judicial y ahora, a través de la toma de Epasa, busca cercar la libertad de expresión y atentar contra la democracia panameña", dijo Camacho.

A su juicio, todo esto es una estrategia del Gobierno para desviar la atención y que no salgan las informaciones que tienen que salir sobre el caso Odebrecht y de otros casos de corrupción que se están dando en su administración.

El vocero también manifestó que el Gobierno, como parte de su estrategia de desviación, está reviviendo la historia de los supuestos actos de corrupción de la administración Martinelli, con el caso que vincula a los exministros Jaime Ford y Federico Suárez.

Este argumento es compartido por el abogado Alejandro Pérez, quien señaló que la estrategia del actual gobierno de revivir casos de la pasada administración como parte de un esquema para tratar de que los casos de corrupción de Varela no se divulguen.

Ayer, el arzobispo José Domingo Ulloa pidió a las autoridades que se respete el debido proceso y se hagan investigaciones libres en el caso de Epasa.

Indicó que una investigación nunca debe convertirse en condena, como sucede en algunos casos que son mediáticos y en los que el propio pueblo se forma ideas a partir de lo que se publica, razón por la que es importante una investigación libre.

Por su parte, la ex primera dama de la República Marta Linares de Martinelli manifestó en su cuenta de Twitter que el "gobierno de Varela tiene 3 años haciendo terrorismo judicial, persiguiendo a opositores, exfuncionarios y ahora medios de comunicación".

Reacción presidencial

Juan Carlos Varela evitó contestar interrogantes sobre la investigación iniciadas por el Ministerio Publico (MP) por la compra en el 2010 de Grupo Epasa.

El mandatario se limitó a indicar que la política de su gobierno es que "nadie pierda su empleo".

Y aunque dio como ejemplo el supuesto buen manejo del Gobierno con los colaboradores de las empresas de Abdul Waked, diversas voces de la sociedad civil y el sector empresarial han desmentido al mandatario, denunciando la pérdida injusta de empleos.

Antelación

Hay que recordar que hace un año, en declaraciones a los medios, el presidente se adelantó a los hechos que hoy se registran, cuando reveló que en el Ministerio Público se adelantaba una investigación contra los diarios del Grupo Epasa.

Sus palabras generaron, de inmediato, rechazo en diversos sectores de la sociedad, al punto que el Ministerio Público tuvo que aclarar, en ese entonces, que no existía investigación contra Epasa. Hoy es un hecho esa amenaza que estaba latente.