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Fallo de la Corte Suprema invocó una dimensión ambiental

Ahora el país debe avanzar hacia un modelo de verdadero desarrollo sostenible, en el que la naturaleza sea el motor de actividades ligadas a este potencial.

Karol Elizabeth Lara - Actualizado:
La Corte Suprema declaró el martes inconstitucional el contrato de la mina de cobre. Foto:: Cortesía/Ariel Rodríguez

La Corte Suprema declaró el martes inconstitucional el contrato de la mina de cobre. Foto:: Cortesía/Ariel Rodríguez

Panamá debe avanzar hacia un modelo de verdadero desarrollo sostenible, recalca el doctor Ariel Rodríguez, tras el fallo de inconstitucionalidad sobre el contrato minero emitido el martes por la Corte Suprema de Justicia.

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A juicio de Rodríguez, el fallo invocó una dimensión ambiental, lo que se convierte en un éxito sin precedentes en la defensa de los recursos naturales del país.

Para el biólogo, la biodiversidad, protegida y bien utilizada, debe ser el motor de actividades ligadas a este gran potencial.

"Podemos pasar de tener un puerto minero a un puerto de cruceros, pasar de territorios mineros a centros  lúdicos verdes de primer nivel. De centros de molinos de mina a  institutos o universidades de categoría mundial para temas ambientales diversos", dijo a Panamá América.

Rodríguez recalca que es clave  rescatar los parques nacionales,  reservas de biosfera y sitios de patrimonio mundial de la humanidad.

"Debemos atraer recursos millonarios, de los fondos verdes internacionales.  Panamá, en su futuro verde y ecológico, pero igualmente en su urbe y en el interior,  puede incentivar nuevos modelos y reactivar el rubro agropecuario", agregó.

El docente universitario, además, precisa que Panamá es rico en oro azul: el agua, cuyo valor aumenta cada día. En este sentido aboga por la protección de las cuencas para garantizar el consumo humano.

"Además de nuestro consumo, está la potencialidad de vender a países sedientos y con mala calidad de agua. Eso es un negocio y aquí no nos hemos dado cuenta", resalta.

Entre sus conclusiones, la Corte Suprema de Justicia destacó que la protección del derecho a la vida, la salud y el ambiente de las futuras generaciones tiene prevalencia  sobre cualquier otro derecho de naturaleza económica, incluyendo el derecho  a la inversión.

El martes, el presidente Laurentino Cortizo prometió un cierre ordenado y seguro de la mina, tomando en cuenta sus consecuencias ambientales, laborales, sociales, económicas y legales.

Ante este escenario, el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha establecido una mesa técnica de trabajo, cuyo propósito es establecer una hoja de ruta, que garantice el cumplimiento de los protocolos.

El comité local de la UICN recuerda que toda intervención de recuperación ambiental requerirá contar técnicamente con las condiciones, metodologías y recursos adecuados para mitigar  y compensar los daños causados.

El grupo ha hecho un llamado a las instituciones científicas, especialistas y gremios a sumarse a esta mesa y hacer frente este reto nacional.

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