Asamblea en entredicho, tras decisión sobre Díaz

Una "cucharada de impunidad" le dio a probar la Asamblea Nacional al país y diversos grupos de la sociedad civil, tras declarar informal una denuncia contra el magistrado Harry Díaz, que fue presentada por su homólogo, José Ayú Prado.

Por ello, el propio Ayú Prado, acompañado de sus colegas Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, acudieron a la Secretaría General de la Asamblea, ayer por la tarde, para hacer formal dicha denuncia.

Pero más allá de ese paso, lo que ocurrió más temprano dentro de la Comisión de Credenciales fue una especie de acuerdo que se repite administración tras administración: "Tú no me tocas, yo no te toco".

Eso fue lo que interpretaron miembros de organizaciones civiles que quedaron atónitos al escuchar las palabras del diputado panameñista Jorge Iván Arrocha, presidente de la comisión.

Arrocha sostuvo que para poder someter a juicio al togado Harry Díaz, y a cualquier otro de los ocho magistrados del poder judicial, no es válido entregar solo una carta y una entrevista en formato de disco compacto.

"La nota no constituye una denuncia formal porque no cumple con los requisitos mínimos que establecen los artículos 81, 82 y 88 de Código Procesal Penal", declaró Arrocha.

El panameñista trató de enredar más el ambiente político, al declarar que la Corte Suprema de Justicia le está traspasando al Legislativo un circo jurídico: "Les pido a los magistrados que no remitan ese show mediático y jurídico a la Comisión de Credenciales", declaró.

Luego del anuncio de Arrocha, la pregunta que se hicieron los representantes de los grupos civiles fue que por qué solo se remiten a investigar a Díaz, cuando en la misma comisión reposan 21 denuncias contra varios magistrados.

De hecho, 8 pesan contra Ayú Prado, 5 para Oydén Ortega y el exmagistrado Harley Mitchell.

Adicional se han hecho de manera formal 4 solicitudes con el objetivo de investigar a Harry Díaz, sin contar la que se formalizó este miércoles.

Suspicaz archivo

El caldo de impunidad terminó de cocerse cuando varios de los presentes asumieron que la Asamblea respondió a la decisión de la Corte de archivar los procesos que se le siguen a varios diputados que presuntamente utilizaron de forma irregular, dinero de partidas circuitales.

Para Anette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), no hay duda de que la Asamblea evadió la responsabilidad de recuperar la confianza de la ciudadanía.

"Eso solo hace acrecentar la percepción de que aquí no va a pasar nada. Uno de los diputados cuyo caso (partidas circuitales) fue sobreseído fue el diputado Arrocha", expresó Planells.

El martes por la tarde, la Corte dio a conocer que junto al expediente de Arrocha se ordenó archivar los casos de los panameñistas Jorge Alberto Rosas y Carlos Santana.

También se sobreseyeron los casos de los diputados de Cambio Democrático (CD) Héctor Aparicio y Manuel Cohen, así como de Miguel Fanovich, del Molirena.

Al respecto, Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, cree que hay que seguir los procedimientos que exige la ley, pero se deben evacuar las otras denuncias que existen contra los integrantes de la Corte.

"Para nosotros no tiene sentido presentar denuncias que no son resueltas; pero nos interesa saber la suerte de las quejas previas que hay en la comisión contra los demás magistrados", enfatizó Lee.

En tanto, la diputada oficialista Katleen Levy, secretaria de la Comisión de Credenciales, dijo que no se trata de encubrir o aupar la corrupción de funcionarios, sino de seguir el debido proceso.

"Yo sé que la sociedad civil está molesta por nuestra decisión, pero no podemos iniciar una investigación porque el caso podría caer en nulidad".

Por último, el analista político José Blandón comentó que "se necesita un cambio de Constitución para hacer la elección de los magistrados de la Corte".

Cabe señalar que el presidente aún tiene que nombrar a los suplentes de Cecilio Cedalise y Ángela Russo.