Panamá
Su presidente Rubén Castillo sostiene que no debe ser tomado para discutir sobre el futuro de la minería, ya que hubo una inversión que no se puede perder.
La explotación del cobre y otros minerales por Minera Panamá está proyectada a 40 años. Foto: Archivo
Mientras el Gobierno espera el refrendo de la Contraloría General al contrato con Minera Panamá para llevarlo a la Asamblea Nacional para su ratificación, el ambiente sigue caldeado entre los que apoyan su firma y aquellos que lo rechazan.
Este panorama deja, por descontado, de que la discusión para la ratificación del documento será conflictiva en el palacio Justo Arosemena.
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El procedimiento dicta que los diputados no pueden modificar ni una sola letra del contrato, al igual que ocurre con el presupuesto general del Estado, y solo les queda ratificarlo o rechazarlo en su conjunto.
A lo interno del Legislativo hay diputados que han planteado su oposición a la propuesta, como el independiente Juan Diego Vásquez, que critica que no ajusta a los intereses nacionales.
A lo externo organizaciones ambientalistas y sindicales también han rechazado el contrato e, incluso, advierten que protestarán una vez sea discutido en el parlamento panameño.
Así lo dio a conocer, recientemente, la dirigencia de la Central General de Trabajadores (CGTP), que sustentan su oposición en el daño ambiental y en la lesión a la soberanía nacional por la concesión que se le da a la empresa minera.
Ante esta posición, el presidente del Consejo Nacional para la Empresa Privada (Conep), Rubén Castillo Gill, reaccionó reconociendo que en democracias las protestas son válidas, sin embargo, considera que hay que dividir el concepto de si la minería sirve como fundamento para el desarrollo del país, de la evaluación de este contrato.
“Al final, ya había una inversión, trabajadores que devengaban un salario y existen proveedores que le brindan servicio a la minera”, destacó el empresario.
Castillo Gill sostiene que el contrato viene a corregir una situación que se generó cuando se declaró inconstitucional el contrato anterior, por lo que la postura del gremio es que debe ser ratificado.
La firma del contrato entre el Gobierno y Minera Panamá se logró luego de un complicado periodo de negociaciones en el que hubo una ruptura entre ambas partes que casi lleva al retiro de la empresa.
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