Cortizo recibe una Panamá en lista gris y con pedido de cambio constitucional

 El presidente electo Laurentino Cortizo recibirá una Panamá marcada por pedidos de reforma constitucional y una economía ralentizada, que enfrenta además los retos de limpiar su imagen de paraíso fiscal y de mantener el equilibro en su relación con China y EE.UU.

Experto en comercio y administración de empresas, exdiputado y exministro de Agricultura, Cortizo, del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD-socialdemócrata), tomará posesión el próximo lunes para el período 2019-2024 en sustitución de Juan Carlos Varela.

Para el analista panameño Ebrahim Asvat el primer reto en materia interna para Cortizo es el de reactivar una economía que se expandió un 3.7 % en 2018, la tasa más baja desde 2009 (2.4 %), y que registra un desempleo que ha subido y se ubica en al menos un 6 %.

Los sectores económicos que generan empleos se han visto afectados en los últimos años, argumentó el analista, que puso como ejemplo la construcción: en el 2018 registró inversiones privadas por 900 millones de dólares frente a los 1.832,3 millones de 2017, según cifras de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

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Las áreas de servicios y de comercio también han sufrido y son sectores "que básicamente generan esa percepción de que la economía no está caminando como debe ser", indicó Asvat, y valoró que la situación de las finanzas públicas que heredará Cortizo "no le va a permitir mucha maniobra".

En ese contexto, añadió, el asunto de las reformas constitucionales, que se han vuelto un clamor de un sector de la sociedad panameña que las ve como la única vía para acabar con malos manejos institucionales, puede ayudar a "mantener la atención de la población y bajar un poco la presión sobre el tema económico".

Los cambios a la Constitución de 1972 fueron una de las ofertas electorales de Cortizo, que pretende presentar en octubre próximo un proyecto al Parlamento, de 71 escaños y dominado por su PRD, para que sea aprobado en dos legislaturas y luego sometido a referendo.

Cortizo, de 66 años, asumirá el poder pocos días después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) volvió a incluir a Panamá en su lista gris de países con deficiencias en el combate del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Esa decisión supone otro duro golpe para un país que se muestra orgulloso de su moderna plataforma de servicios financieros, producto de la aprobación en el último lustro de todo un andamiaje de leyes y entes reguladores precisamente en el marco de su lucha contra la imagen internacional de paraíso fiscal.

El sector de los servicios financieros es neurálgico para la economía de Panamá. Cortizo se reunió esta semana con el sector bancario y se puso como meta sacar al país de la lista gris del GAFI en un año, haciendo los ajustes que se necesiten.

En política exterior, otro reto fundamental para Cortizo será "desarrollar relaciones en paralelo tanto con China como con Estados Unidos sin que las controversias entre ambos países comprometan o limiten las decisiones panameñas ", dijo a Efe el exembajador Nils Castro.

Panamá entabló en junio de 2017 las relaciones diplomáticas con China, lo que potenció un nexo comercial que ya era importante dado que el gigante asiático es el primer proveedor de la mayor zona libre del país y el tercer usuario del Canal interoceánico.

Más de un año después del establecimiento de las relaciones diplomáticas y precisamente cuando comenzaba la guerra comercial con China, Estados Unidos -el principal aliado de Panamá en todos los ámbitos- expresó unos recelos que el Gobierno panameño descartó, asegurando que relacionarse con ambas potencias mundiales no era contradictorio.

Cortizo además llega al Gobierno cuando se agudiza la crisis migratoria regional, con decenas de miles de migrantes ilegales de todos los continentes cruzando Panamá en su rumbo hacia EE.UU.

Estos migrantes entran por la frontera con Colombia, son sometidos a controles y conducidos hasta los límites con Costa Rica para que sigan su rumbo, una política que será revisada, anunció el ministro designado de Seguridad, Rolando Mirones.