Factura electrónica genera temor en empresa privada

La implementación de la factura electrónica es rechazada por los empresarios y consumidores, quienes señalan que en Panamá no existe en este momento la seguridad ni transparencia para que una entidad del Estado maneje información confidencial.

Sostienen que se estaría imponiendo esta medida, con la cual la Dirección General de Ingresos (DGI) conocería de manera inmediata aspectos como el patrón de consumo de los ciudadanos o lugar donde compran.

Para la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Aida Michelle Maduro, las condiciones del país en este momento en cuanto a transparencia no son las indicadas para la implementación de la medida.

Señaló que antes de implementarse deben darse una serie de condiciones como el afianzar el tema de seguridad, lo que significaría tener certeza de que la información que se obtenga está en el canal adecuado.

Juan Gabriel González, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), también indica que de establecerse este sistema, el Estado, de una u otra forma, debe garantizar la seguridad y confidencialidad de la información del contribuyente a fin de que no se haga uso indebido de ello.

La factura electrónica, según la DGI, sería un documento digital con validez legal con el fin de aumentar la recaudación fiscal.

La entidad explica que existen varias etapas para su implementación, para lo cual se contrató al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, un brazo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

En el 2016 se anunció la iniciativa y se cumplió con la etapa de diseño. Para este año se ha programado la confección de la factura y el plan piloto.

Para Raúl Molina, del Movimiento Libertad de Panamá, la iniciativa es una intromisión abusiva en la vida privada de los ciudadanos.

"Es obligatoriedad del ciudadano reportar sus ingresos y margen de ganancia al final del periodo fiscal, pero con este sistema, la DGI estaría conociendo cuánto se gana en cada transacción", dijo el empresario en un medio local.

Ernesto Marcchoski, también miembro de la organización, señaló que la DGI aún no ha hecho público el diseño de la factura electrónica, pero ha emitido ciertas señales que indican que será un sistema centralizado a través de servidores del Estado, lo que viola el derecho a la privacidad y el derecho a la declaración de buena fe en materia fiscal.

"El problema va más allá, y es que el Gobierno ha implementado una serie de políticas con tendencia a perjudicar el sistema económico de Panamá, a través del Control de Precios, de la importación de productos alimenticios que compiten con la producción nacional y ahora quiere intervenir en el mercado con la factura electrónica, por lo que se ha convertido en un actor más en la actividad comercial ", señaló.

Los empresarios indican que este es un modelo impuesto por organismos internacionales, especialmente por la Ocde, que se ha implementado en países que han fracasado económicamente como Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador, entre otros.

El economista y catedrático Juan Jované también asegura que hay que reforzar la seguridad y tener certeza de que las redes no podrán ser intervenidas por terceros y se utilicen con fines políticos.

A juicio de Jované, esta no sería la mejor forma para aumentar la recaudación, ya que simplemente se pasaría de un papel a una forma electrónica y no garantiza que se introduzcan al sistema todas las transacciones.

Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá (Uncurepa) también mostró su preocupación al respecto, ya que los datos podrían tener usos perniciosos más que lo que busca la medida en sí.

"A través de este sistema se puede conocer el nombre del contribuyente, cédula, saber cuáles son sus costumbres de compra, dónde compra, y esa información privilegiada se puede vender en el mercado.

Sin embargo, Roberto Troncoso, expresidente de Apede destacó que si bien es cierto que la empresa privada no mira con buenos ojos que un ente tenga control de la información confidencial, el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto sobre protección de datos, lo que podría representar un alivio al sector privado.

Pero a pesar de esto, existe desconfianza. Acosta asegura que actualmente consumidores reciben llamadas de ventas de artículos, ofertas y cobros y no se sabe de qué forma consiguen la información.