Panamá
Más de $8 mil millones requerirá el Estado para revertir la concesión energética, el cambio de la Ley, y sin descartar riesgos de un alza de las tarifas.
Operatividad del extinto IRHE es tema de debate. Foto: Internet
La nacionalización del servicio eléctrico como medida para disminuir el costo al consumidor no es un tema negociable para el Gobierno en la Mesa Única del Diálogo por Panamá.
El traspaso de generadoras eléctricas a la estatal Empresa de Generación Eléctrica S.A. (EGESA) implicaría la compensación de la inversión de los propietarios del otro 49% de la acciones a través de fondos públicos, advirtió el director del Instituto de Planificación para el Desarrollo, Guillermo Salazar.
Las autoridades cifran en $8 mil millones de dólares las inversiones por parte de estas empresas.
Lo anterior también implica la modificación de la Ley que creó el Fondo de Ahorro de Panamá y la determinación de su uso; así mismo, modificar la Ley que creó la figura de las empresas mixtas..
El Estado también tendría que garantizar la sostenibilidad de los proyectos, la operación y el mantenimiento para que esa infraestructuras duren al menos 50 años, además de asumir el crecimiento de la demanda.
La propuesta de recuperar el 49% de las acciones de las empresas eléctricas, debe sustentar los recursos con lo cuales se van a adquirir, y para determinar las tarifas al consumidor, tendría que dominar el mercado, indicó el funcionario. Salazar insistió en que las propuestas y planteamientos hay que comprenderlos, pero también evaluar sus implicaciones económicas y financieras.
La corporatización de la empresa estatal dio paso al Fondo de Ahorro de Panamá que al 31 de diciembre de 2021 tenía en activos cerca de $1,422.4 millones de dólares, recursos que salen del 49% de las acciones ofrecidas para que inversionistas llegarán al país.'
49%
de las acciones totales de la industria energética en Panamá la mantiene la empresa privada.
49%
del resto es propiedad del Estado, y un 2% restante corresponde a los trabajadores.
Salazar también resaltó las estrategias del Estado panameño para impulsar la llegada de la energía eléctrica a todo el territorio nacional.
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La inversión desde la Oficina de Electrificación Rural en tendidos eléctricos suma más de $19 mil dólares por unidades de vivienda en algunas regiones, muy por encima de lo que se tuviera que invertir en generación distribuida con sistemas solares, detalló Salazar, quien a su vez citó el caso de Alemania donde más del 4o% de la generación eléctrica es solar y hacia donde Panamá debe encaminarse considerando su condiciones geográficas y climáticas favorables para estos proyectos.
El tema sobre la Mesa Única del Diálogo por Panamá generó debate en otros sectores de la sociedad, con opiniones a favor y en contra de la nacionalización del servicio eléctrico, y la operatividad que tuvo el extinto Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).
Para el exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, el costo de la electricidad con el IRHE en términos reales, era mayor que el que pagamos hoy en día, 23 años después.
En tanto, el abogado Ángel Calderón afirmó que la privatización del IRHE e INTEL encarecieron la vida del panameño con tarifas por servicio, además de los $2 millones de dólares anuales en fuga de divisas. Calderón coincide en que es necesario hablar de la nacionalización del servicio eléctrico en Panamá.
La Mesa Única del Diálogo por Panamá no logró acuerdos en cuanto a la rebaja del 45% del costo de la tarifa eléctrica sin subsidio , por lo cual el tema quedó en pausa para dar paso al punto relacionado con la Caja de Seguro Social (CSS).
Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) y miembro de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, cuestionó los más de $2,173.3 millones en subsidio para la tarifa eléctrica que salen de los impuestos de todos los panameños.
"Si nos hubiéramos endeudado para comprar los activos de inversión instalada en el país, tendríamos energía barata y un negocio rentable para el Estado", indicó Méndez.
Para el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff, la dos grandes alternativas para incidir en el precio de la tarifa eléctrica, es a través de políticas económicas y por sacrificios fiscales vía subsidios del Estado.
Al respecto, "tenemos coincidencias en el fin, no así en los medios para llegar a ello", sentenció.
La construcción de un megawatt de hidroeléctrica está entre $1.2 a $2 millones de dólares de costo, que la empresa tiene que recuperar con el costo al cual venden. Para desarrollar cualquier tipo de inversión los inversionistas ponen de su patrimonio el 30% de su costos, el 70% lo busca con financiamientos.
Rivera Staff sostiene que la distribución y transmisión es un monopolio natural que tienen sus márgenes regulados, con un pliego tarifario que se revisa cada cuatro años, márgenes que no superan el 9%. Mientras, que para la generación se hacen licitaciones y se asignan contratos al mejor precio, donde el regulador le pone un precio tope a la oferta, indicó el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff.
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