Panamá rechaza acusaciones de PPC y defiende control de puertos

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en representación de la República de Panamá, rechaza enérgicamente por “falaces e injuriosas” todas las alegaciones formuladas por Panama Ports Company, S.A. (PPC) y el Grupo Hutchison en relación con la sentencia que declaró inconstitucional la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, relacionada con la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Mediante un comunicado divulgado este jueves 19 de marzo, la entidad recordó que el 29 de enero de 2026 la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la referida ley, decisión que es final, definitiva y de obligatorio cumplimiento, por lo que el Estado panameño tiene el deber de acatarlas y ejecutarlas.

 La AMP indicó que, tras conocerse el fallo, el Estado procuró, de buena fe, una transición ordenada con el acompañamiento de PPC. Sin embargo, PPC y sus afiliadas se negaron a cooperar, ocultando información e impidiendo una transición coordinada.

Ante esta situación y a fin de garantizar la continuidad operativa, segura y eficiente del servicio público, la República de Panamá, a través de los órganos competentes, asumió temporalmente la administración, mantenimiento y operación de ambas terminales, como su legítimo propietario conforme al artículo 29 de la Ley General de Puertos.

Para tales efectos, el Órgano Ejecutivo emitió el decreto de ocupación como un mecanismo legítimo y excepcional que respeta la propiedad de los bienes muebles. 

“Esta medida no constituye de manera alguna una expropiación, sino una utilización temporal mientras se determina su valor, garantizando el debido proceso”, aclara la AMP.

La institución explicó que todos los actos administrativos del Órgano Ejecutivo se sustentan en la Constitución Nacional y la ley, y han sido necesarios para ejecutar la referida sentencia, por lo que calificar sus actuaciones como “actos arbitrarios” o “confiscación” carecen de toda lógica jurídica por parte de una empresa a la que siempre se le ha garantizado y se le garantiza el pleno ejercicio de sus derechos en la República de Panamá.

 La AMP también señaló que, al asumir la posesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, ambas terminales previamente operadas por el Grupo Hutchinson, se constató que ellas presentan un deterioro significativo y que las mismas están alejadas de las mejores prácticas y estándares internacionales exigidos.

PPC ha iniciado un arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). La Autoridad Marítima de Panamá, en representación de la República de Panamá, ha cumplido cabalmente con dichas reglas y continuará ejerciendo sus derechos y defensas en ese proceso.

Las diferencias entre el Grupo Hutchison y la Autoridad Marítima de Panamá serán ventiladas ante el tribunal arbitral, al que corresponderá decidir sobre el fondo de la demanda. 

El comunicado agrega que la Autoridad Marítima de Panamá, en representación de la República de Panamá, presentará oportunamente sus argumentos y, a partir de este momento, se reserva el derecho de no responder públicamente a los comunicados de PPC hasta la conclusión del arbitraje.

“La República de Panamá reitera su compromiso de garantizar, de manera continua, segura y eficiente, la operatividad de los puertos de Balboa y Cristóbal, así como de proteger la inversión nacional y extranjera, conforme a la Constitución, la ley y los compromisos internacionales del país, protegiendo de manera legítima y legal los mejores intereses para el país”, concluye el comunicado.