Sacyr tendrá que devolver 206 millones por la ampliación del Canal de Panamá
El laudo conocido hoy establece que GUPC debe devolver a la Autoridad del Canal de Panamá esos 206 millones de euros, tras no atender a sus reclamaciones en relación con la composición del basalto y la fórmula del hormigón empleado en aquella obra.
El laudo sí reconoce al consorcio 25 millones de dólares aproximadamente en concepto de gastos adicionales de laboratorio.
La constructora Sacyr tendrá que reintegrar 240 millones de dólares (206 millones de euros) a la Autoridad del Canal de Panamá por los sobrecostes en las obras de ampliación del Canal, según el laudo dictado por la Cámara Internacional de Comercio, con sede en Miami.
Este laudo, de cuyo contenido ha informado esta noche la constructora española, contradice la decisión anterior de la Junta de Resolución de Conflictos (Dispute Arbitration Board), que reconoció el 50 % de la reclamación que había efectuado el consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUPC), del que forma parte Sacyr, con una participación del 41,6 %. Tanto Sacyr como GUPC aseguran que seguirán defendiendo en las distintas instancias internacionales sus argumentos en las reclamaciones que consideran justas.
El laudo conocido hoy establece que GUPC debe devolver a la Autoridad del Canal de Panamá esos 206 millones de euros, tras no atender a sus reclamaciones en relación con la composición del basalto y la fórmula del hormigón empleado en aquella obra.
El laudo sí reconoce al consorcio 25 millones de dólares aproximadamente en concepto de gastos adicionales de laboratorio y por la existencia de fallas no detectadas en el terreno Esta reclamación suponía el 8.8 % del total de las interpuestas por el consorcio y sus socios.
En la nota Sacyr asegura que su situación financiera es estable y ello le permitirá atender a esa obligación sin comprometer su solvencia financiera ni los proyectos en los que ahora está inmersa, centrados en la promoción y gestión de activos concesionales.
Aparte de estos dos arbitrajes quedan otros cuatro que analiza Uncitral, órgano de arbitraje de la ONU.
De ellos, los más importantes son los efectos por la parada técnica que sufrieron las obras por falta de cash-flow y el sobrecoste de las compuertas, según una nota de el diario El País.
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En ellos el consorcio reclama una cantidad de 4.000 millones de dólares ( 3.300 millones de euros) por sobrecostes frente a los 2.850 millones firmados en el contrato (por cierto se criticó en el sector que había una baja temeraria) y que pueden subir hasta 5.800 (cerca de 5.000 millones de euros) por el retraso de los fallos.