Varelaleaks: Desde el 2017 falseaban el déficit fiscal

Las denuncias de que el gobierno de Juan Carlos Varela maquillaba las cifras económicas del país para ocultar su ineficiencia y baja productividad quedan en evidencia en los Varelaleaks.

Este manejo irresponsable de las finanzas públicas y la poca transparencia de Varela provocaron que las instituciones no funcionaran, que aumentara la incertidumbre y bajara la inversión local y extranjera.

Según los datos contenidos en los Varelaleaks, una conversación entre el exministro de Economía y Finanzas Dulcidio de la Guardia y el expresidente Varela, dejó evidenciada las maniobras que podrían ser ilegales y que serían prueba de que se alteraron los informes financieros para ocultar la debilidad de las finanzas públicas.

El 19 de diciembre de 2017, De la Guardia puso en alerta a Varela sobre la gravedad de las finanzas públicas y que el déficit fiscal que superaba los $125 millones.

En ese momento, De la Guardia le dijo a Varela lo siguiente: "Presidente, para informarte que se ha desmejorado la proyección de cierre fiscal. Estamos $125 millones por encima del déficit fiscal permitido por Ley. Tengo que esperar a ver cómo se comportan los ingresos tributarios. Hacen falta $430 millones en impuestos para cumplir con la cifra de la proyección de cierre. Y con esto todavía estamos $125 millones por encima del déficit".

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Varela le respondió: "¿Qué alternativas tenemos?".

De la Guardia respondió: "Si se cumple la proyección, la única opción sería descomprometer cuentas que están devengadas. Ya pedí que registren el devengado de ambos. Pero seguimos por encima del déficit fiscal permitido por la Ley".

Economistas advierten que podríamos estar frente a un delito debido a que se habrían borrado registros o cuentas devengadas de la contabilidad de las finanzas públicas para cuadrar falsamente el déficit fiscal en 2017.

Juan Jované, economista y catedrático, señaló que este tipo de situación, cuando se da a conocer a nivel internacional, deja muy mal parada la seriedad del Gobierno.

A juicio de Jované, esconder la realidad de las finanzas públicas es un delito que debe ser investigado por las autoridades.

Por su parte, Samuel Moreno, presidente del Colegio Nacional de Economistas, coincide con Jované y agregó que los presupuestos estaban mal estructurados entre ingresos y gastos.

"Las finanzas no se estaban trabajando de la manera correcta y por otro lado, había muchos gastos improvisados, improductivos y no se aplicó la austeridad", explicó a Panamá América.

Con la transparencia se logra la confiabilidad y esto hace que lleguen las inversiones, aseveró Moreno.

Mientras que el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Julio de la Lastra, señaló que se dejó en evidencia lo que se venía diciendo, que las cifras se estaban maquillando.

"Es terrible saber que el Órgano Ejecutivo conocía de cómo estaban las finanzas públicas y no tomó las medidas correctas para evitarlo", manifestó De la Lastra.

En tanto, el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima señaló que quedó demostrado que el estado de las finanzas públicas se manejó de forma irresponsable .

A juicio del exministro, uno de los grandes problemas que está afrontando el país es el crecimiento del desempleo y esta realidad que ha encontrado la nueva administración, impacta directamente en la capacidad de generar nuevas obras e inversiones.

Actualmente, la tasa de desempleo en Panamá ya está cerca del 7% y más de 58 mil jóvenes entre 18 a 24 años están desempleados.

El actual Gobierno recibió las finanzas públicas totalmente comprometidas, lo que ha forzado a que en menos de seis meses negociara dos préstamos por un total de $3,300 millones para el pago de deuda. Además, obligó a reestructurar presupuestos, gastos e inversiones.

Ante este panorama, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, presentó una modificación a la Ley de Responsabilidad Fiscal Social para aumentar el déficit fiscal, la cual fue aprobada para la vigencia fiscal del 2019 a 3.5% del PIB, para luego disminuirlo progresivamente y llevarlo al 2.0% del PIB a partir del año 2022.

La Ley 34 de 2008 establece límites máximos anuales de déficit fiscal permitidos para el Sector Público No Financiero con el objetivo de reducir el crecimiento de la deuda pública, lograr su sostenibilidad a largo plazo y permitir un manejo ordenado de las finanzas públicas.

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