Panamá
En la comisión de Credenciales, ante la falta de competencia, denuncias contra exmagistrados no son admitidas y se regresan a la Secretaría General de la Asamblea. Si lo que contiene esos recursos es verdad o no tiene fundamento, generó un interesante debate entre los diputados.
La diputada Zulay Rodríguez presentó una iniciativa para que la ciudadanía acuda a la Asamblea, cuando se sienta afectada por actuaciones de los magistrados. Foto: Víctor Arosemena
La comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional todavía tiene en trámite abordar alrededor de 11 denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República.
Es una lista que, de acuerdo con el presidente de la comisión, Leandro Ávila no ha sido depurada en tiempo perentorio, debido a lo irregular que han sido los últimos periodos legislativos, debido a la pandemia.
“Vamos a tratar de verlas todas, si la pandemia nos lo permite”, dijo Ávila.
Cuando comenzó su periodo, había 17 carpetillas en la comisión, las cuales han sido evacuadas poco a poco, comenzando primero contra aquellas dirigidas contra magistrados a los que ya se les venció el periodo.
“La comisión lo envía a secretaría general (de la Asamblea). Si las partes jurídicas que iniciaron estos procesos dentro de la Asamblea consideran que sigue habiendo causa para procesarlos, pueden acudir directamente al Ministerio Público”, fueron las palabras del diputado.
Esta postura generó debate a lo interno de la comisión. El diputado independiente Juan Diego Vásquez consideró que aunque estos casos ya no le competan, deben trasladarlos al Ministerio Público.
A juicio del novel diputado, el no hacerlo podría considerarse como un acto de complicidad por parte de la comisión, ante hechos que podrían catalogarse como delitos, los cuales no serán investigados.
Sin embargo, Ávila dijo que para eso existen los canales respectivos, argumentando que no conoce de denuncias que una vez hayan caducado en la comisión, se presenten en el Ministerio Público por parte de los demandantes.
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“Si encontramos que en verdad hay fundamentos jurídicos, la comisión hará lo que tiene que hacer, pero tampoco estamos aquí para hacer fiestas o show sobre estos hechos”, dijo el presidente de Credenciales.
Los magistrados de la Corte Suprema son investigados por la Asamblea y los diputados son investigados por el Órgano Judicial.
Recientemente, el diputado del PRD, Arquesio Arias, salió no culpable de un proceso en su contra. En uno de los cargos en su contra, la mayoría de los diputados lo declaró responsable de haberlo cometido, pero como no alcanzó la cantidad de votos reglamentarios, salió libre.
En el caso de la Asamblea, en el quinquenio anterior, fueron enjuiciados dos magistrados, Alejandro Moncada Luna y Víctor Benavides.
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Moncada llegó a un acuerdo con la fiscalía, en ese entonces representada por el hoy secretario general del PRD, Pedro Miguel González, haciéndose responsable de la comisión de cuatro delitos y siendo destituido de su cargo.
En cuanto a Benavides, éste renunció a su cargo, por lo que el proceso en su contra se cayó.
Para abogados consultados, esta conexión existente entre los diputados y los magistrados es lo que impide que estos casos avancen y muchas veces sean vistos con tinte político, en vez de ser considerado como un triunfo de la justicia.
Dentro de su rol, este martes, la diputada Zulay Rodríguez, quien forma parte de la comisión de Credenciales presentó la iniciativa para que aquellos ciudadanos que se sientan afectados por decisiones de los magistrados, acudan a la Asamblea a interponer la denuncia respectiva.
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