Panamá
En una nota remitida al jefe del Ministerio Público (MP), el jurista Basilio González pidió a Caraballo que inicie una investigación contra los fiscales Zuleyka Moore, Ruth Morcillo, Tania Sterling, Elvis Coronado, Thalia Palacios y Nitzia Aispud, quienes son parte de los que instruyeron las acciones contra su defendido
Erika Mouynes y Javier Caraballo. Archivo.
El abogado internacionalista, Luis Fuentes Montenegro, manifestó que a su juicio la decisión lograda por la defensa de Mauricio Cort y García, de que el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declarara ilegal su detención, es “justa y correcta”.
Ante esto indicó que tanto las autoridades administrativas de la Cancillería y del Ministerio Público (MP), específicamente el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, deben hacer un alto y analizar la situación jurídica y los exabruptos que se han cometido en contra de Cort y García.
“Agregó que si se cometieron esos exabruptos en contra de Cort y García como lo explica y sustenta la resolución internacional del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de la ONU, entonces se deben tomar los correctivos necesarios”, indicó.
Entre esos correctivos que señala el experto están: reparar el daño inmediatamente, que quienes cometieron esos actos al margen de la ley respondan de forma inmediata.
En una nota remitida al jefe del Ministerio Público (MP), el jurista Basilio González (defensor de Cort y García) pidió a Caraballo que inicie una investigación contra los fiscales Zuleyka Moore, Ruth Morcillo, Tania Sterling, Elvis Coronado, Thalia Palacios y Nitzia Aispud, quienes son parte de los que instruyeron las acciones contra su defendido
Igualmente, el letrado solicitó tomar las medidas pertinentes contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos de su representado.
Ante esto, Fuentes Montenegro señaló que no puede ser que un Estado que dice ser de Derecho, so pretexto de que un fiscal por ser autoridad cometa este tipo de exabruptos, entre las que están ordenar detenciones irracionales, ilegales e arbitrarias, no tenga ningún tipo de consecuencia legales, “es decir que son impunes” .
“Esto significa que yo puedo encarcelar, que yo puedo cometer barbarie porque yo soy fiscal o porque ejerce un cargo determinado, eso no puede ser en un Estado de Derecho, porque los funcionarios existen para cumplir lo que dice la Constitución y la ley”, dijo.
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De forma clara, el letrado explicó que en el momento en que el funcionario cometa un acto contrario a la Constitución y la ley, el mismo tiene que responder penalmente, administrativamente y financieramente.
“No puede ser que se cometan exabruptos, se violen las normas y aquí no pase nada, porque quienes están llamados a ser los defensores del Estado de Derecho, a ser los cumplidores de lo que dice el Código Penal y las normas procesales, verdaderamente no representan garantías de los derechos fundamentales y eso es peligroso en un Estado de Derecho que se aproxima a un torneo electoral en el cual las condiciones materiales o sociales son preocupantes, porque significa que podemos estar nutriendo elementos de convulsiones sociales que a nadie le va a convenir”, puntualizó.
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