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Judicial / Caso de supuestos abusos y maltratos a menores de edad en albergues podría ser 'viciado'

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Abuso a menores / Albergues infantiles / Menor de edad / Panamá / Senniaf

Panamá

Caso de supuestos abusos y maltratos a menores de edad en albergues podría ser 'viciado'

Actualizado 2021/05/14 06:07:59
  • Luis Ávila
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  • lavila@epasa.com
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Exdirectivo del Colegio de Abogados señaló que si las diligencias que realizará la Asamblea o no son bien llevadas, podrían viciar el proceso penal.

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Cuando se conoció del caso de supuestos abusos y maltratos a menores de edad en albergues, las protestas en la Senniaf no se cesaron. Foto: Archivo

Cuando se conoció del caso de supuestos abusos y maltratos a menores de edad en albergues, las protestas en la Senniaf no se cesaron. Foto: Archivo

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Las nuevas diligencias que pretende hacer la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional en el escándalo de los albergues infantiles, podrían anular las investigaciones penales que adelanta el Ministerio Público.

Dionisio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, manifestó que si las nuevas diligencias que pretende hacer la Comisión de la Niñez no se realizan en debida forma, podrían viciar las investigaciones.

Rodríguez reaccionó al llamado que hizo la comisión legislativa para que un término de tres meses comparezcan funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) para que aporten nuevos elementos a la investigación que hizo inicialmente una subcomisión de la Asamblea Nacional.

Entre los funcionarios y exfuncionarios que fueron citados figuran Sara Rodríguez y Carla García, exdirectora y subdirectora de la Senniaf y Markova Concepción, exministra de Desarrollo Social.

También los diputados citaron a Graciela Mauad, actual directora de la Senniaf, y a Michael Olson, exfuncionario de esta institución, quien fue imputado de cargos y se le aplicó la medida cautelar de país por cárcel por su vinculación en este proceso legal.

"Las investigaciones tiene que hacerse a través de los mecanismos procesales establecidos, y si existe una investigación en la cual alguna de esas personas que están siendo citadas forma parte, yo creo que las mismas están en la obligación de negarse a asistir", dijo Rodríguez.

Agregó que igualmente los citados, si ya son investigados, como es el caso de Olson, deberían comunicar que existe una investigación en su contra.'

2


personas han sido condenadas por su participación dentro de este caso de abusos.

57


albergues a nivel nacional fueron inspeccionados por el Ministerio Público.

"La función de la Asamblea es fiscalizar a esos funcionarios como tales y el cumplimiento de ciertas funciones por parte de algunos funcionarios", explicó el abogado.

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Rodríguez considera que cuando hay una investigación abierta, la Asamblea Nacional no puede hacer este tipo de citaciones porque puede causar nulidad dentro del proceso.

"Se debe respetar el debido proceso, sin embargo creo que hay nuevas autoridades y si las mismas son citadas para que rindan un informe en cuestiones administrativas, es una cuestión diferente, pero no deben inmiscuirse en los hechos de la investigación que ya el Ministerio Público tiene", explicó.

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Rodríguez señaló que las personas citadas pueden acogerse al artículo 25 de la Constitución que señala que "nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad".

Además, el expresidente del CNA señaló que nada de lo que digan estas personas citadas por la Asamblea Nacional puede ser anexado dentro de las investigaciones que avanza el Ministerio Público por este caso.

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Por su parte, la diputada Walkiria Chandler D'Orcy indicó que con la citación se busca esclarecer algunas cosas dentro de este caso.

"Queremos que estas personas nos ayuden a esclarecer algunos hechos del tema que todos conocemos de los centros llamados albergues", manifestó.

Agregó que la citación la hacen en base al artículo 49 del Reglamento Interno de la Asamblea que les permite convocar a funcionarios y particulares.

"Hemos acordado el tiempo prudente de tres meses y digo prudente, porque dado los hechos y las irregularidades denunciadas, el Ministerio Público debió actuar de forma expedita por la naturaleza de los hechos denunciados.

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