De 'testigo protegido' en el caso de los supuestos pinchazos pasará a ser acusado

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá, Alfredo Vallarino, recordó que el denominado "testigo protegido" en el caso Pinchazos "confesó" varios delitos ante el Tribunal de Juicio que llevaba esta causa, y por eso debe ser procesado penalmente.

Indicó que espera que en los próximos meses, cuando se resuelva el recurso de anulación presentado contra el fallo que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli, el testigo protegido termine pagando por sus actos.

"Yo espero que en los próximos tres meses, cuando se resuelva el tema de la anulación que esperamos nosotros ganar, este señor termine pagando su responsabilidad, lo que él ha hecho no es ser testigo, lo que él ha hecho es confesar delitos, lo que él hizo fue indicar delante de tres jueces que él había mentido en distintas declaraciones juradas, lo que ha dicho es que no es diplomático, pero le pagan el cargo de diplomático", puntualizó.

Agregó que este testigo también manifestó que quien lo mandó a poner la denuncia contra Martinelli fue el expresidente Juan Carlos Varela.

Enfatizó que a ningún testigo protegido se le puede ofrecer algo para dar un testimonio a cambio. "Entonces el caso de él es muy sospechoso, ya que en el juicio salió a relucir que justo después del día que declaró por este caso se le multiplicó su salario a 8 mil dólares al mes, cuando era un cabo de la Policía Nacional que ganaba 800 dólares mensuales".

Frente a esto, el penalista señaló que esos son hechos muy sospechosos que se tienen que investigar porque la ley no permite darle a un testigo 12 veces más de su salario para que testifique, "ya que eso no sería un testigo protegido, en todo caso sería uno comprado y lo peor, con plata del Estado".

Frente a esto, la interrogante que surge es si este testigo debió recibir ese nombramiento y si hay algún sustento legal para haberle dado esos beneficios por brindar una declaración.

Incumplieron normas

La designación del "Testigo protegido" fue irregular y no cumplió estrictamente con las normas que la regulan.

El artículo 2121-A del Código Judicial señala que el funcionario de instrucción o el juez podrá ordenar una serie de medidas, entre las que figuran garantizar la reserva de la identidad del testigo protegido, asignarles un número de identificación, permitirles que asistan a las diligencias con indumentarias que oculten su rostro y establecer como su domicilio el despacho del fiscal o juez.

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Sin embargo, en "ningún caso", añade el artículo, estas medidas menoscabarán el derecho de defensa y el principio de contradicción que le asiste al imputado, como se pretendió hacer en el caso Pinchazos.

Por parte, el artículo 332 del Código Procesal Penal plantea 11 medidas de protección de las víctimas, testigos, peritos y otros intervinientes en el proceso penal. Además de mantener en reserva su identidad y ofrecerle protección del Estado, añade, en el acápite 11, facilitar su salida del país y facilitarle su residencia en el extranjero, pero solo cuando las 10 medidas anteriores "sean insuficientes para garantizar su seguridad". La reubicación o cambio de residencia puede ser temporal o permanente.

Normas internacionales también indican que a un testigo protegido se le debe garantizar casa, trabajo o una ayuda económica justa. Sin embargo, no establece aumentarle 12.5 veces el salario y nombrarlo en un puesto que no le corresponde, como pasó con quien participó en el caso seguido a Martinelli.

Las normas nacionales obligan a realizar un estudio de la situación social del candidato a testigo protegido, lo que no figura en el expediente del que participó en el caso Pinchazos.

Dos denuncias

Vallarino recordó que este testigo ya mantiene dos denuncias por este caso, la primera por falso testimonio y la segunda por los pagos irregulares que ha recibido por ser testigo protegido, arriba de 8,000 dólares mensuales en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

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"Yo creo que es un hecho público que nosotros pusimos una denuncia para que se investigara al Testigo protegido, toda vez que era una irregularidad mayor que una persona sin ningún tipo de conocimiento diplomático, que así lo reconoció en la audiencia, le pasaran a multiplicar por 11 veces su salario y que lo mandaran a Estados Unidos, sin ningún tipo de resolución judicial que lo autorizara", explicó.

Agregó Vallarino que no entiende por qué el cabo de la Policía sigue laborando en el extranjero, ya que el caso en el que participó culminó, igualmente él revelo su identidad, "así que no hace ningún sentido mantenerlo allá para que nadie ubicara su paradero y peor aún es que sea una persona que en el juicio reconoció que él fue el que pinchó, que él era el que tenía los correos de las diferentes personas y que él era el que hacía los actos ilegales que denunció".