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Desarchivo de caso contra Foco comprobaría la comisión del delito; piden imputación
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La investigación ahora continuará su curso con una entrevista a Ismael Pití, testigo del caso "Pinchazos".
La investigación seguirá su curso. Archivo
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La reapertura del caso por supuesta inviolabilidad del secreto contra Mauricio Valenzuela, Annette Planells y el medio digital Foco en perjuicio de la exdiputada Zulay Rodríguez demuestra que siempre hubo elementos suficientes para probar la comisión del delito, pero el fiscalF. Andrés Ayú Prado no cumplió con su misión de perseguir el hecho, afirmó el abogado Kevin Moncada Luna.
El jurista felicitó a la jueza Marlenis Boutet por aplicar el derecho de forma objetiva al revocar la resolución que permitía la comisión de un agravio por el simple hecho de que la demandante era funcionaria pública.
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"Él (Andrés Ayú Prado) estableció que sí se podía pinchar y publicar una conversación obtenida de forma ilegal entre Zulay Rodríguez y su esposo porque ella era diputada; ahora la jueza dijo que eso es totalmente falso y que la fiscalía no cumplió con su misión porque el delito estaba probado", dijo en entrevista a Panamá América.
La investigación ahora continuará su curso con una entrevista a Ismael Pití, testigo del caso "Pinchazos" telefónicos, para determinar la culpabilidad o inocencia de los implicados.
Moncada Luna señaló que confía en que el fiscal asignado a la causa reevalúe el criterio desestimado por la jueza Boutet para que se le imputen cargos a los presuntos involucrados.
Una petición que ha sido respaldada por la exdiputada Rodríguez, quien en múltiples ocasiones ha solicitado a las autoridades actuar en concordancia con lo que establece la ley para que las denuncias contra Valenzuela, Planells y Foco no prescriban.
Incluso solicitó al procurador general auditar a los fiscales que archivan las causas, favoreciendo la violación a la intimidad, privacidad y confidencialidad.'
La investigación ahora continuará su curso con una entrevista a Ismael Pití, testigo del caso "pinchazos" telefónicos, para determinar la culpabilidad o inocencia de los implicados.
La parte demandante confía en que el fiscal asignado a la causa reevalúe el criterio desestimado.
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