Gobierno dispuesto a reformar ley de protección a menores

Se abrió un compás para revisar la nueva ley que establece el Sistema Judicial de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y desde el Gobierno se manifestó la intención de reformarla si se considera necesario.

La Ley 409 fue sancionada en medio de las protestas contra la minería y generó inquietud porque se temía que la patria potestad le fuera quitada a los padres, situación que fue expuesta por dirigentes indígenas.

En un conversatorio realizado este martes en la Universidad Santa María La Antigua (USMA), la magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Ariadne García Angulo descartó que la norma sea un conflicto contra la patria potestad que tienen los padres sobre los hijos porque ese es el derecho natural que tiene cada padre.

Explicó que la ley establece reglas claras para que al momento que un padre tenga que enfrentar una medida de protección por alguna afectación de los derechos de sus hijos sepa en qué momento presentar pruebas, como defenderse y cuáles son las medidas a aplicar.

En el conversatorio también participó la diputada Corina Cano, una de las proponentes de la ley, quien señaló que es una norma de procedimiento que no crea nuevos derechos, porque ya los mismos están explicados y establecidos en la Ley 285, en el Código de la Familia y en la Convención de los Derechos del Niño.

No obstante, la diputada explicó que la Ley 409 se creó como respaldo a la Ley 285 que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Y es que la primera ley establece la parte administrativa en lo que respecta a que tienen que hacer las instituciones para garantizar los derechos.

“Pero cuando falla el sistema, la articulación del cumplimiento del derecho, la familia y la comunidad entonces tiene que haber un tercero neutral que tome una decisión judicial, y ahí es donde nos vamos a la Ley 409”, agregó.

Este punto en particular ha generado controversia porque abogados han dicho que hay componentes que tienen que garantizar la protección de los derechos de los menores que aparecen en la Ley 285, pero entran en contradicción con lo expuesto en la Ley 409.

Hay que recordar que ambas leyes eran una materia pendiente de Panamá sobre los derechos de la niñez.

El proceso para institucionalizar este sistema de protección se reactivó luego que en febrero de 2021 se denunciaran graves violaciones a menores, incluidos con discapacidad, en albergues administrados por el Estado y manejados, en su mayoría, por fundaciones religiosas y organizaciones no gubernamentales.

Este hecho generó protestas a nivel nacional, que obligaron al Ejecutivo a emprender acciones, así como al Ministerio Público y el Órgano Judicial para realizar investigaciones y dar con los responsables.

Luego de dos años, algunas personas han sido condenadas, sin embargo, queda insatisfacción por la percepción de que hay personas con poder e influencia que ni siquiera fueron investigadas por las denuncias.

¡Mira lo que tiene nuetro canal de YouTube!