Gobierno reconoce que creó una 'procuraduría paralela' para armar expedientes
No solo fue la firma de Rogelio Saltarín, sino varias, nacionales e internacionales, que ayudaron al Ejecutivo a armar los casos contra opositores.
El gobierno de Juan Carlos Varela espero más de diez día para pronunciarse y admitir que creo una procuraduría paralela.
Más de 10 días después que se revelara una organización paralela a la Procuraduría de la Nación, que armaba casos de persecución política, la Presidencia de la República sacó un comunicado en el que justifica la contratación de la firma de Rogelio Saltarín y otras para diseñar los expedientes contra opositores.
En el pronunciamiento se dejó claro que "la contratación de abogados locales e internacionales por parte del Gobierno fue una decisión necesaria e indispensable".
Aunque la contratación e intromisión de firmas de abogados externas a las entidades públicas del Gobierno para seguimiento de casos penales no está permitido, al gobierno de Juan Carlos Varela no le importó esto.
Según el comunicado, se hizo para "recuperar lo que fuera posible del patrimonio y ordenar la Administración Pública", por lo que reunió apoyo profesional de varias firmas reconocidas de abogados.
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Se confirma que a la firma del abogado Rogelio Saltarín le pagaron para darle seguimiento a todos los supuestos casos de la administración. Por otro lado las firmas Tapia, Linares y Alfaro; Icaza, González Ruiz y Alemán, y Morgan & Morgan, entre otras, en el marco local fueron contratadas para trabajos de la Presidencia de la República.
Del extranjero se contrató a Hogan Lovells, Shearman y Sterling y Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, entre otras, según el comunicado.
El Gobierno adujo que gracias a esas contrataciones alternas, "encontraron soluciones a múltiples problemas, mediante procesos judiciales, arbitrajes y acuerdos, dentro y fuera del país", dejando en evidencia que sí hubo una organización paralela a las entidades del Estado que, realmente, deben llevar los supuestos casos.
La posición del Ejecutivo solo se da con relación a la firma del abogado Rogelio Saltarín, mas no así con la supuesta intromisión del Consejo de Seguridad en la elaboración de los expedientes, así como tampoco se refiere a la complicidad que jugó el Ministerio Público.
Ante esto, el abogado Sidney Sittón, parte del equipo legal de Ricardo Martinelli, señaló que es "un comunicado trasnochado; como aquel borracho que no duerme en su casa, llega a las 9 de la mañana del día siguiente y trata de dar una excusa a su mujer".
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Por su parte, la ex primera dama, Marta Linares, expresó que el Gobierno, con el comunicado, responde por la procuradora Kenia Porcell.
"La procuradora, quien siempre ha demostrado ser tan elocuente, ahora está muda y con paradero desconocido", indicó.
En tanto, el dirigente de Cambio Democrático, Rodrigo Sarasqueta, manifestó que el Gobierno confesó la comisión de delito contra la personalidad jurídica del Estado, "al contratar a la firma de abogados propiedad del exministro de la Presidencia (Álvaro Alemán) y la firma del abogado del presidente".
Otros abogados cuestionaron que el comunicado llegó tras un bloqueo de información por parte de la Presidencia, a pesar de la presión de distintos gremios profesionales para que se aclarara la participación de Rogelio Saltarín, como asesor del Gobierno y supuesto arquitecto de la persecución política.
Hoy, Rogelio Saltarín aparece en la lista de los 20 aspirantes a ocupar el cargo de magistrado en la Corte Suprema de Justicia y ha bloqueado todas sus redes sociales, además de no dar explicaciones sobre el tema.
Juan Carlos Varela no ha querido dar declaraciones a los medios en los últimos días sobre este escándalo, así como de otras problemáticas sociales ante las cuales no hay respuesta de su gobierno.