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Juan Carlos Varela, Kenia Porcell y Rolando López, denunciados en el Ministerio Público

La denuncia se basa en los señalamientos hechos por Rivera Calle, quien denunció persecución y presión con el fin de inculpar a Martinelli.

Luis Ávila - Actualizado:

Juan Carlos Varela, Rolando López y Kenia Porcell, querellados por cuatro delitos.

Por cuatro delitos fueron querellados penalmente ayer el expresidente Juan Carlos Varela, la exprocuradora Kenia Porcell y el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, por el mandatario Ricardo Martinelli.

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Los exfuncionarios fueron querellados por los posibles delitos contra la administración pública, en la modalidad de abuso de autoridad, extralimitación de funciones, delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad y por actos contra la administración de justicia.

La denuncia se basa en declaraciones del perito del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Luis Rivera Calle, quien indicó, durante el juicio del expresidente Martinelli, que los discos compactos que le entregaron para analizar como prueba tenían el sello roto y que no podía dar fe de su contenido, lo que lo llevó a ser víctima de persecución y seguimiento de manera indiscriminada, junto a su familia en la era Varela.

Persecución que Rivera Calle atribuyó al exjefe del Consejo de Seguridad y al expresidente Varela, indicó la abogada Alma Cortés, ya que los denunciados pretendían que incurriera en un falso testimonio.

Durante el juicio a Martinelli, Rivera Calle manifestó que cuando se encontraba haciendo las diligencias por este caso, López se presentaba a su oficina para presionarlo y que incluso en algunas ocasiones lo tuvo que mandar a sacar, porque el militar quería interferir en sus labores.

En ese sentido, la abogada Cortés manifestó que lo expuesto por el perito deja claro cómo se buscó afectar los derechos de Martinelli y que esto influyera negativamente en el resultado del juicio.

Entre los elementos que sirven de sostén para esta denuncia figura que Varela, al ser presidente, dirigió el Consejo de Seguridad y de esta forma influyó en las directrices que se dieron y coordinó muchas de las acciones, especialmente todo lo concerniente a la persecución política durante su gobierno.

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En la denuncia, también se indica que en la mente de los panameños está claro el hecho de que su intimidad fue violada por el Consejo de Seguridad, que en manos de Varela y López fue usado para armar expedientes y perseguir políticamente, como nunca antes se había visto, para incidir en las investigaciones que adelantó el Ministerio Público, bajo la administración de la exprocuradora Porcell.

Haciéndose eco de esto, varios diarios han denunciado que la sociedad vive violaciones a la intimidad de sus comunicaciones.

En el caso de Martinelli, el hecho que lo motivó a presentar esta denuncia es que al estar sometido a un proceso judicial, lo hizo vulnerable al poder omnímodo de Varela.

Como reparación civil por este caso y por los daños causados por Varela, Porcell y López, el exmandatario solicita la suma de 20 millones de dólares.

Los denunciantes piden que se entreviste a Rivera Calle, como parte fundamental en esta denuncia. También solicitan que la denuncia presentada sea admitida por el Ministerio Público y se inicie una acción sumarial con la imputación de cargos.

Advertencia a fiscales

Por otro lado, el abogado Roniel Ortíz, en representación de Ricardo Martinelli, presentó en el Ministerio Público una advertencia para que esta institución se abstenga de violar el Principio de Especialidad que ampara al expresidente.

Ortíz indicó que dicha advertencia, bajo ninguna premisa, representa la renuncia de su representado al Principio de Especialidad, ni convalida ninguna actuación dirigida a afectar este derecho, el cual está consagrado en el Tratado de Extracción, suscrito entre Panamá y Estados Unidos en el año 1904.

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"El derecho de mi representado a este principio fue reconocido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y comunicado al Estado panameño, a través del Embajador de Panamá en Estados Unidos, y éste a su vez le informó al Ministerio de Relaciones Exteriores", plantea la advertencia.

Le pide a los fiscales del Ministerio Público que se abstengan de violar el Principio de Especialidad, porque sería una violación flagrante a los derechos humanos de Martinelli y a normas nacionales e internacionales vigentes.

También le advierte que cualquier investigación que se dé en contra del principio representa un abuso de autoridad y al final resultaría nula.

Explica que la extradición de Martinelli se ordenó solo bajo cuatro supuestos delitos, que fueron por los cuales fue enjuiciado en el caso llamado "Pinchazos", en el cual fue declarado no culpable.

"Desconocer este derecho a Ricardo Martinelli y tratar de violar el principio de especialidad, configura una flagrante violación a sus derechos fundamentales", expresó el jurista Roniel Ortiz en una nota de advertencia entregada a cuatro fiscalías del Ministerio Público.

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