Ministerio de Seguridad Pública retira demanda contra uno de los pilotos presidenciales

Miembros de la Fuerza Pública, cuyo reintegro y ascensos fueron demandados ante la Corte Suprema de Justicia, exigen que se retiren esos recusos, así como se hizo con el caso del piloto del helicóptero presidencial, comisionado Roberto Armijo.

El abogado de algunos de los oficiales demandados, Justino González, dijo que el asesor del ministro de Seguridad, Juan Pino, José Romero, desistió de una demanda contenciosa de nulidad contra el piloto del helicóptero del presidente Laurentino Cortizo, comisionado Roberto Armijo, cuyo reingreso al Servicio Nacional Aeronaval acusaba de ilegal e irregular.

De acuerdo con González, Romero, jefe de Estadística del Ministerio de Seguridad, demandó el reingreso de Armijo que se dio en el 2013 directamente al rango de subcomisionado, luego de que este renunció a la Policía Nacional.

Agregó que, a diferencia de Armijo, a sus representados se les mantienen las demandas de nulidad, lo que calificó como "contradictorio".

"Si el desestimiento de la demanda del comisionado Armijo se fundamentó en que no es ilegal, deben retirarse todas las demandas de nulidad interpuestas contra oficiales de la Fuerza Pública", enfatizó.

Añadió que si no se desiste del resto de las demandas, quedaría en evidencia que las mismas "son un instrumento de persecución y no tienen asidero jurídico".

Recientemente, el presidente Cortizo dijo que hubo ascensos irregulares en la Fuerza Pública y que por ello presentaron las demandas de nulidad para dejarlos sin efecto.'

300

oficiales de la Fuerza Pública fueron demandados ante la Corte Suprema por supuesto reintegro y ascensos irregulares.

25

de septiembre de 2019, fueron presentadas las demandas.

Para esa fecha, el asesor del Ministerio de Seguridad, José Romero, ya había demandado al subcomisionado Armijo, cuyo reingreso fue calificado como una trasgresión al ordenamiento administrativo.

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Según González, el nuevo director de la Policía Nacional, John Dornheim, también figura entre unos 300 oficiales demandados por su reingreso y ascensos, supuestamente ilegales en la Fuerza Pública.