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Judicial / Tribunal Superior debe corregir errores jurídicos en caso New Business

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Emeldo Márquez / Ministerio Público / New Business / Panamá / Ricardo Martinelli

Panamá

Tribunal Superior debe corregir errores jurídicos en caso New Business

Actualizado 2023/08/03 00:00:43
  • Luis Ávila
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  •   /  
  • lavila@epasa.com
  •   /  

La defensa de Martinelli expuso en su apelación, como se le vulneraron garantías elementales, esto al no hacer comparecer a los testigos protegidos.

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El Tribunal Superior Liquidador de Apelaciones de Panamá, está llamado a corregir el yerro (errores) jurídico cometido en el caso New Business, el cual vulnera garantías fundamentales y derechos humanos de Ricardo Martinelli, Grupo Epasa y otros, así lo manifestó el equipo legal del candidato presidencial por el Partido Realizando Metas (RM), en su escrito de apelación presentado.

De acuerdo con la defensa de Martinelli, en el presente caso, resulta más que evidente que se ha vulnerado el derecho de defensa que le asiste a su representado, algo que se dio porque en primer lugar la jueza Baloisa Marquínez, no permitió que se hiciera comparecer a los dos testigos protegidos del proceso para poder ser contra interrogados en juicio.

Agregan que durante el juicio, Marquínez tampoco les permitió conocer la identidad de los testigos.

Sumado a esto, tampoco permitió tener acceso a los acuerdos de colaboración o de pena, lo que es una ilegalidad que dejó en indefensión a Martinelli.

"Prueba de nuestra afirmación es el informe fechado 28 de marzo de 2022, que consta dentro del expediente y en el cual se corrigió la incorporación de uno de los acuerdos celebrados en el presente proceso. Este informe fue entregado 14 meses antes de iniciar el acto de audiencia ordinaria, el día 23 de mayo de 2023. La defensa del señor Martinelli nunca tuvo acceso a ningún acuerdo de colaboración y jamás pudo cuestionar a los testigos protegidos" afirma la defensa.

Algo que, según ellos, menoscaba el desarrollo de una defensa efectiva, en razón de haberse restringido a su representado el derecho a conocer quién lo está acusando y poder confrontarlos cara a cara.

Indican que el desconocimiento de la identidad de estos testigos, imposibilitó a la defensa desacreditarlo.'

120


páginas tiene el escrito de acusación presentada por la defensa de Martinelli.

18


de julio pasado salí la sentencia condenatorio dentro del caso New Business.

De forma puntual, la defensa de Martinelli afirma que la jurisprudencia nacional e internacional resaltan que los acusados necesitan conocer la identidad de sus acusadores, esto para poder acreditar si se trata de testigos falsos.

"En este caso, en particular, de las declaraciones recibidas por los testigos protegidos, esta defensa puede intuir que los testigos protegidos N-FECDO-01-2020 y N-FECDO-10-2020, son los señores Henry Mizrachi y Riccardo Francolini, quienes en este caso figuraban como imputados o procesados, pero fueron beneficiados por el Ministerio Público con un acuerdo de colaboración sin pena a cambio de señalar falsamente a Martinelli", comentó la defensa en su apelación.

El quipo de defensa, que está solicitando al Tribunal revocar la decisión de primera instancia y se declare la nulidad por vicios procesales, se acceda a la petición de acumulación de los casos New Business y Odebrecht y se absuelva a Martinelli, deja constancia que se ha restringido el derecho de defensa frente al acceso a la identidad de los dos testigos protegidos.

Aunado a esto, los defensores también hacen referencia a las solicitudes hechas por los abogados Gladys Quintero y Rosendo Miranda, quienes solicitaron la comparecencia de estos testigos al juicio.

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Sin embargo, el fiscal de la causa, Emeldo Marquéz, indicó que le había sido imposible garantizar la asistencia de los mismos al juicio, cuando los mismos presentaron excusas para no comparecer, dicha incapacidad médica fue presentada por abogado William Moore, en favor de los señores Henry Mizrachi y Riccardo Francolini.

Actuaciones que, según la defensa de Ricardo Martinelli, se dieron con el visto bueno del Tribunal Liquidador de Causas Penales de Panamá, que dirige la jueza Baloisa Marquínez.

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