México aplica una rigurosa normativa contra el fraude electoral

Una credencial infalsificable y millones de voluntarios a cargo de contar los votos son parte de la rigurosa normativa antifraude que se ha perfeccionado en los últimos 30 años en México desde los controvertidos comicios presidenciales de 1988.

Establecida en 1991, la credencial para votar cuenta con 16 elementos de seguridad que la hacen infalsificable -entre ellas fotografía del usuario y tinta ultravioleta-, que la han consolidado como la identificación oficial más usada en México, situación que espera reflejarse en una semana, cuando se celebren las elecciones en México el 1 de julio.

La identificación con fotografía es un instrumento de confianza para las autoridades que quieren tener "a raya al tigre" de los fraudes que marcaron la era hegemónica durante décadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la tradición mexicana era común referirse a conceptos como el rasurado del padrón, los muertos votantes, carrusel de votantes y casillas zapato, en las que el PRI obtenía casi el 100 % de los votos posibles, y que en la actualidad casi han desaparecido del diccionario popular.

Las elecciones que el PRI ganaba a cualquier costo alcanzaron su límite en las presidenciales de 1988, oficialmente ganadas por Carlos Salinas de Gortari pero con una enorme sospecha de fraude por la caída del sistema gubernamental de recuento de votos.

A esto se sumó la decisión del Congreso mexicano de destruir las papeletas de esa elección, lo que dejó abierta para siempre la sospecha del fraude y dio paso a las reformas para construir un nuevo edificio electoral a partir de 1991.

Tres décadas después, en los comicios presidenciales del próximo 1 de julio, la sospecha de un resultado adverso para el PRI, y la ventaja en las encuestas del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, han vuelto a desatar el fantasma de un potencial fraude electoral.

"Si hay fraude electoral, a ver quién amarra el tigre", dijo López Obrador, que al día de hoy todavía considera como producto del fraude sus derrotas en los comicios como candidato presidencial en 2006 y 2012.

Entre la historia de 1988 y la advertencias de 2018 de López Obrador, México lleva 30 años de lucha en cada elección, contra las sospechas de fraude sin importar el costo económico.

Si las presidenciales de 2012, costaron 22.918 millones de pesos (unos 1.116 millones de dólares) para el actual proceso se aprobó un presupuesto de 28.022 millones de pesos (unos 1.365,6 millones de dólares) destinado al Instituto Nacional Electoral (INE).

Con 89.123.355 de electores, este presupuesto supone un costo de unos 257 pesos (12,5 dólares) por cada persona registrada en la Lista Nominal de votantes.

Esta cadena de confianza en los resultados que ha preparado el INE incluye un largo proceso de elección de 1,4 millones de ciudadanos que estarán a cargo de las mesas electorales y de contar los votos.

El INE usa un papel de seguridad fabricado única y exclusivamente para estos comicios con lo se hace imposible falsificar las papeletas, al tener elementos de seguridad como una marca de agua visible a contraluz y fibras ópticas de luz ultravioleta.

Para evitar que una persona vote más de una vez, el INE utilizará unos 40.000 litros de un pigmento indeleble diseñado por científicos mexicanos que evita que personas puedan ir de casilla en casilla votando por los candidatos.

La seguridad de esta tinta le ha dado fama a las elecciones mexicanas y al paso de los años ha llegado a ser usada en procesos electorales de países como Guatemala, El Salvador, Honduras y en elecciones sindicales de Suecia, aseguró el INE.

Las 156.974 mesas de votación que se esperan sean instaladas el día de la votación tendrán en promedio nueve funcionarios de casilla, además de al menos un representante por cada una de las tres alianzas que concurren a las presidenciales.

El INE ha confirmado la participación de al menos 35.000 observadores mexicanos y por lo menos la asistencia de 300 visitantes de otros países para la jornada del 1 de julio.

La Presidencia se la disputan López Obrador, de la alianza formada por el Movimiento Regeneración Nacional y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), Ricardo Anaya, de la coalición de los partidos Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano).

El oficialista José Antonio Meade contiende por la presidencia como abanderado de la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL) y la cuarteta de candidatos presidenciales la complementa el independiente Jaime Rodríguez.