Piden implementar medidas concretas y contundentes.
Piden a Colombia acelerar juicios por "falsos positivos"
Publicado 2012/10/02 07:40:00
Las autoridades colombianas consideran que los casos de ejecuciones extrajudiciales podrían superar los 1.200, y la Justicia investiga a centenares de militares involucrados en los mismos.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la ONG Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) pidieron hoy que se aceleren las investigaciones sobre las "más de 3.000 ejecuciones extrajudiciales" ocurridas en Colombia entre 2002 y 2008, conocidas como "falsos positivos".
Ambas organizaciones demandaron a la Justicia colombiana en un comunicado que implemente "medidas concretas y contundentes" para que, en línea con la iniciativa anunciada por el fiscal general del Estado recientemente, estas ejecuciones sean tratadas como delitos producidos de forma sistemática y no como casos aislados.
Según la FIDH y la CCEEU, las investigaciones se están llevando a cabo hasta el momento sin considerar el carácter repetitivo de estos crímenes, el patrón seguido a la hora de cometerlos y "las políticas que han dado lugar a estas ejecuciones".
Además, denunciaron que desde la Justicia colombiana se tienda a tipificarlas como una infracción al derecho internacional humanitario, y por tanto, a celebrar estos juicios en tribunales militares, donde el corporativismo hace prevalecer "la impunidad".
Por ello, pidieron que se destinen los recursos económicos necesarios para investigar lo que ambas asociaciones consideran como "crímenes de lesa humanidad" y recordaron que, de no acelerarse los procesos judiciales, la Corte Penal Internacional, que tiene a Colombia bajo análisis preliminar, podría abrir una investigación paralela.
El fenómeno de los conocidos como "falsos positivos" se destapó en 2008 al descubrirse que militares y paramilitares colombianos habían asesinado a civiles y posteriormente los habían presentado como guerrilleros caídos en combate a fin de cobrar recompensas.
Las autoridades colombianas consideran que esos casos de ejecuciones extrajudiciales podrían superar los 1.200, y la Justicia investiga a centenares de militares involucrados en los mismos.
Ambas organizaciones demandaron a la Justicia colombiana en un comunicado que implemente "medidas concretas y contundentes" para que, en línea con la iniciativa anunciada por el fiscal general del Estado recientemente, estas ejecuciones sean tratadas como delitos producidos de forma sistemática y no como casos aislados.
Según la FIDH y la CCEEU, las investigaciones se están llevando a cabo hasta el momento sin considerar el carácter repetitivo de estos crímenes, el patrón seguido a la hora de cometerlos y "las políticas que han dado lugar a estas ejecuciones".
Además, denunciaron que desde la Justicia colombiana se tienda a tipificarlas como una infracción al derecho internacional humanitario, y por tanto, a celebrar estos juicios en tribunales militares, donde el corporativismo hace prevalecer "la impunidad".
Por ello, pidieron que se destinen los recursos económicos necesarios para investigar lo que ambas asociaciones consideran como "crímenes de lesa humanidad" y recordaron que, de no acelerarse los procesos judiciales, la Corte Penal Internacional, que tiene a Colombia bajo análisis preliminar, podría abrir una investigación paralela.
El fenómeno de los conocidos como "falsos positivos" se destapó en 2008 al descubrirse que militares y paramilitares colombianos habían asesinado a civiles y posteriormente los habían presentado como guerrilleros caídos en combate a fin de cobrar recompensas.
Las autoridades colombianas consideran que esos casos de ejecuciones extrajudiciales podrían superar los 1.200, y la Justicia investiga a centenares de militares involucrados en los mismos.
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