Panamá
Logran consenso sobre el proyecto de ley 212 para sancionar fallas de promotoras e inmobiliarias
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La Asamblea consensuó el proyecto de ley 212 para responsabilizar a promotoras por vicios de construcción y exigir garantías en servicios básicos.
La Subcomisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Lenín Ulate, concluyó la fase de consultas y análisis del proyecto de ley 212, iniciativa que busca establecer un marco regulatorio estricto para responsabilizar a las promotoras y constructoras por deficiencias de infraestructura y vicios de construcción.
Tras cinco jornadas de trabajo, la subcomisión alcanzó un acuerdo en el articulado de la propuesta, la cual contó con los aportes de afectados, la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia), el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivi), la Acodeco, el Miviot, MiAmbiente, el Registro Público y el Cuerpo de Bomberos.
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El diputado Ulate enfatizó que la normativa responde a reclamos históricos de propietarios frente a irregularidades en proyectos residenciales en todo el país.
Ulate aseguró que no se trata de oponerse por oponerse, sino de darle una herramienta a la ciudadanía que busca protección ante tantas situaciones de afectación en sus viviendas. Se están fijando normas claras para que no se pueda construir sin garantías reales de servicios básicos.
Prohibición de disolver sociedades y regulación de vicios ocultos
El texto consensuado incorpora medidas administrativas e institucionales para frenar vacíos legales que utilizaban algunas empresas para deslindarse de responsabilidades.
Se prohíbe la disolución voluntaria de las sociedades anónimas de las promotoras mientras mantengan garantías vigentes o reclamos de propietarios.
Ningún proyecto podrá entregarse si no cuenta con suministro continuo de agua potable, energía eléctrica, calles de acceso, áreas verdes y plantas de tratamiento de aguas residuales operativas.
Además, se reglamenta el marco de resarcimiento económico y reparación obligatoria por vicios de construcción y vicios ocultos.
Por su parte, la directora ejecutiva de Convivi, Elisa Suárez, calificó de positivo el esfuerzo de diálogo entre el sector privado, los afectados y las autoridades, anticipando que las discusiones continuarán durante el trámite en el pleno.
El equipo técnico de la subcomisión redactará el informe final para remitirlo a la Comisión de Infraestructura Pública, donde la iniciativa iniciará formalmente su discusión en primer debate.
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