Prisión preventiva para la mayoría de imputados por el caso de Keiko Fujimori

La prisión preventiva fue el destino de la mayoría de investigados por la presunto lavado de activos del partido fujimorista Fuerza Popular, con la líder opositora Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a la cabeza.

De los once imputados para los que el fiscal a cargo del caso solicitó tres años de prisión preventiva, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, aceptó el pedido sobre siete de ellos, ya sea por obstrucción a la justicia o por haberse fugado.

Además de Keiko Fujimori, también terminaron en la cárcel Pier Figari y Ana Herz, sus dos asesores más cercanos, y el empresario Vicente Silva Checa, que aparentemente servía de asesor en la sombra.

Los cuatro han negado por activa y por pasiva los cargos que se les imputa, que es haber formado una supuesta organización criminal en el seno de Fuerza Popular para captar dinero ilícito, ordenar su lavado y luego retribuir esos favores mediante actos de corrupción.

Tanto Fujimori como sus asesores niegan haber presuntamente gestionado una contabilidad ficticia para enmascarar grandes cantidades de dinero de posible origen ilícito mediante la simulación de múltiples donaciones de personas particulares, a las que les pidieron que prestasen su nombre para firmar recibos falsos.

Según la compañía, el dinero fue entregado en sendas partidas de 500.000 dólares a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

Por ello, Yoshiyama, ex secretario general del partido, también recibió tres años de prisión preventiva y una orden de captura internacional, dado que se encuentra en Miami (Estados Unidos) bajo la excusa de un tratamiento médico, lo que el juez entiende que es una estrategia para eludir a la Justicia.

En cambio, Bedoya es uno de los cuatro imputados que se libró de la prisión, al considerar el magistrado que, en su caso, el grado de sospecha no es tan alto como con Yoshiyama, por lo que quedó con libertad bajo fianza de 200.000 soles (unos 60.000 dólares) e impedimento de salida del país.

Buena culpa de la alta sospecha que hay sobre Jaime Yoshiyama la tiene Jorge Yoshiyama, su sobrino, que optó por confesar y acogerse a una colaboración eficaz (delación premiada) para evitar terminar entre rejas como su tío y el resto de sus compañeros.

Jorge Yoshiyama contó al fiscal José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones, cómo su tío guardaba cientos de miles de dólares en una caja fuerte de su casa, parte de los cuales le entregó a él para buscar a voluntarios que firmasen recibos de donaciones por pequeñas cantidades para poder lavarlos.

La única explicación que supuestamente le dio sobre el origen del dinero es que era de empresarios que no querían figurar públicamente como financistas del partido fujimorista.

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Con esa confesión, el sobrino de Yoshiyama quedó en libertad bajo una fianza de 500.000 soles (unos 150.000 dólares) y la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.

El último en recibir prisión preventiva por tres años fue el empresario Giancarlo Bertini, que firmó aportes falsos a petición de Jorge Yoshiyama y presuntamente buscó a más gente para que hiciera lo mismo, y que al igual que Jaime Yoshiyama se encuentra prófugo, tras haber huido hacia Bolivia antes de que se ordenara su detención.

A prisión también fue el abogado Luis Mejía Lecca por presuntamente intentar coaccionar a los primeros testigos de la investigación que confesaron los falsos aportes.

En arresto domiciliario quedó la extesorera de Fuerza Popular, Adriana Tarazona, mientras que la secretaria Carmela Paucará obtuvo libertad bajo fianza.

El caso resultó tan complejo que la audiencia judicial para dirimir las medidas contra cada imputado tomó un mes entero, con audiencias mediáticas que siguió todo el país, especialmente en el caso de Keiko Fujimori.