Supremo prohíbe salida de Venezuela a directiva de PDVSA designada por Guaidó

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prohibió este jueves salir del país a la junta para el control de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y sus empresas filiales designada el miércoles por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien se proclamó en enero como presidente encargado del país.

La Sala Constitucional del TSJ, a través de un comunicado leído en la televisión estatal VTV, declaró la prohibición de salida, de gravar bienes e inmuebles y el bloqueo de cuentas de los directivos de PDVSA, de PDV Holding Inc y de Citgo Holding Inc, nombrados el miércoles por Guaidó tras la autorización del Parlamento, de mayoría opositora.

Asimismo, decretó "nulo de absoluta nulidad" el acuerdo del Legislativo -que se encuentra declarado en desacato por el Supremo al incumplir varias sentencias-, y exhortó a la Sala de Casación Penal a iniciar los trámites para el traslado al territorio nacional de los ciudadanos a razón de que pueden estar fuera del país.

Las medidas decretadas este jueves por el Supremo se dan contra Simón Antúnez, Gustavo J. Velásquez, David Smolansky, Carlos José Balza y Ricardo Alfredo Prada. Todos ellos son los miembros de la junta directiva de Pdvsa, que fueron nombrados ayer por Guaidó.

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También afectan a Luisa Palacios, quien fue nombrada como líder de la directiva de PDV Holding Inc., compañía que ejerce como propietaria de Citgo, y a Édgar Rincón, Oswaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolera y Andrés Padilla.

Asimismo, Ángel Olmeta, Oswaldo Núñez, Javier Troconis y Rick Esser, nombrados para Citgo Holding Inc., enfrentan las mismas medidas cautelares. "Quienes aparecen allí mencionados incurren en delitos de usurpación de funciones y otros delitos de acción pública consagrados en el ordenamiento jurídico relativos a la corrupción, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros", reza el comunicado. 

La máxima corte indicó además que el acuerdo del Parlamento constituye una "flagrante violación al texto constitucional y al sistema socioeconómico de la república" y que "constituye otro asalto al estado de derecho". Por último, instó al poder Ejecutivo nacional y a Pdvsa a "tomar las medidas necesarias para la protección de la actividad petrolera y su comercio".

Al mismo tiempo, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, anunció que se abrió una investigación contra la junta que designó el Parlamento, de mayoría opositora, para el control de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y los representantes diplomáticos que han sido nombrados.

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"Hemos anunciado unos MPs (investigaciones) en contra de los ciudadanos nombrados legal e inconstitucionalmente como directivos de Pdvsa y de Citgo (filial en EE.UU.)", dijo Saab en una conferencia de prensa. Señaló además que se investigarán "una serie de ciudadanos nombrados como embajadores de forma ilegal e inconstitucional de la misma manera por un usurpador del poder".